Se estanca la propuesta de la Administración González Colón entre evaluaciones pendientes en el Negociado de Energía y las dudas sobre la capacidad del suplidor.

Javelin Global Commodities US Holdings Inc., el proponente no agraciado en la adjudicación de un contrato para 800 megavatios de generación temporera que se supone fuera para la temporada de huracanes, pero ahora no lo va a ser, demandó el jueves pasado al gobierno para que le digan por qué adjudicaron a su competidor, Power Expectations, Inc. (PE), y así poder impugnar.

El recurso de Javelin es bajo la Ley de Transparencia y también bajo jurisprudencia del Tribunal Supremo que específicamente dice que el expediente de una subasta tiene que entregarse a los proponentes perdidosos para revisarlo.

La solicitud al tribunal es el primer relato formal de lo que ocurrió con esta adjudicación, ya que cuando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometió el contrato con PE a la evaluación del Negociado de Energía (NE), le pidió que lo mantuviera todo confidencial. El negociado, de hecho, puso freno a esa evaluación porque le pidió explicaciones a la AEE sobre por qué el contrato era por dos años, cuando lo que se había aprobado era una licitación para 18 meses, y también le pidieron información sobre las propuestas de precios, así como las propuestas y calificaciones de cada participante.

Según Javelin, la AEE y el contratista encargado de correr el proceso de requerimiento de propuestas (RFP), Regulatory Compliance Services, Corp. (RCS), no le han dicho en ninguna comunicación por qué se decidieron por PE. En una primera notificación, ni siquiera dijeron a quién le habían adjudicado. Luego, confirmaron que fue a PE. Javelin sometió un documento de reconsideración dentro del término, pero necesita la información que está requiriendo mediante la demanda para complementarla.

La empresa ha pedido la información, pero no se le ha entregado. Señalaron que, además de que los documentos son públicos, cualquier reclamo de confidencialidad del gobierno está renunciado porque el zar de energía, Josué Colón Ortiz, ofreció declaraciones a la prensa sobre las propuestas y sus precios cuando todavía las negociaciones con Javelin y PE estaban en curso. Además, el presidente de RCS, el exfiscal federal Osvaldo Carlo Linares, también publicó detalles sobre la propuesta de PE y que era en alianza con la entidad Swiss One Oil and Gas.

La cronología que presenta la demanda es que el 10 de mayo RCS notificó a Javelin y a PE que eran los seleccionados para emprender las negociaciones. Ahí surgió la primera controversia sobre las propuestas porque se dejó fuera a New Fortress Energy, que emitió una carta en la que impugnó el proceso y exigió que se hicieran públicos quiénes eran los cabilderos de cada proponente. Esto no ha sucedido.

Javelin da a entender al tribunal que no hubo negociaciones reales con ellos porque sus propuestas no eran contestadas y porque, por voz de Colón Ortiz, el gobierno cambió su versión original de otorgar dos contratos para cubrir los 800 MV, a otorgar solo uno.

El 13 de junio, Javelin recibió una comunicación que se titulaba “notificación de adjudicación”, que no decía a quién se le había adjudicado, sino que solo decía a quiénes no se le había adjudicado la generación temporera. Decía también que con esa carta comenzaba a discurrir el proceso para someter reconsideración. Al día siguiente, Javelin pidió aclaración y, en la alternativa, reconsideración. El 16 de junio, RCS vuelve a emitir otra notificación. Esta vez, identifica a PE como el único agraciado y vuelve a activar un periodo de reconsideración. “La Notificación de Adjudicación no proporciona explicación ni justificación alguna para la selección de Power Expectations ni para el rechazo de la propuesta de Javelin”, indica la demanda. Ese mismo 16, Javelin hizo la primera de varias solicitudes no contestadas para tener acceso al expediente del requerimiento de propuestas y el 18 presentó su reconsideración.

Hasta ahora, el gobierno ni PE han explicado el detalle de la propuesta agraciada, y tampoco se ha hecho disponible el contrato, por lo que los términos del mismo también se desconocen, más allá de lo que comentó el Negociado de que era por dos años y que contenía una estructura de costos que establecía un precio los primeros dos años y precios menores si se ejercían opciones de extensión de contrato por hasta dos años más.

Pero en la demanda, Javelin indica al tribunal que ellos han resaltado al gobierno que su plan de generación temporera está “completamente desarrollado en coordinación con LUMA Energy”, tiene “contratos firmados con suplidores clave”, no requiere financiamiento externo y que su empresa tiene “experiencia comprobada en proyectos similares” y “sólida trayectoria profesional e integridad de sus principales ejecutivos”. Además, aseguró que su propuesta podía generar electricidad a 25 centavos el kilovatio hora (precio que Colón Ortiz dijo que PE ofreció) “sin depender de muelles, camiones o suplidores no comprobados”, y que estaban abiertos a discutir precio.

Estos elementos contrastan con la información disponible sobre PE y su principal oficial ejecutivo (CEO), Eddie David Echevarría Ledesma. La secretaría del tribunal del condado de St. Lucie, Florida, indica que Echevarría tiene convicciones por agresión a un oficial de ley y orden, amenaza a oficiales, resistir al arresto y conducir con licencia expirada por hechos de 2014. Por otro lado, en la red Linkedin, Echevarría da cuenta de que maneja otros tres negocios al mismo tiempo que PE. El portal de PE no presenta ningún proyecto de energía a gran escala que la empresa haya completado. PE está registrada como corporación desde 2011 y su informe anual para 2024 indica que la presidenta es Janeen Echevarría, los vicepresidentes son Ángela Ledesma y Jonathan Echevarría Tyler, mientras que Echevarría Ledesma aparece como CEO.

El jueves, El Vocero reportó que un abogado de PE indicó que la planificación para comenzar a proveer la generación temporera estaba detenida porque todavía no le habían oficializado el contrato. Ese es el plan que Javelin dijo que ya tenía acordado con LUMA. Después de la aprobación del NE, el contrato tiene que ir a evaluación de la Junta de Supervisión Fiscal.

El negocio para proveer generación temporera puede llegar a los $1,000 millones.

Debido a que proveer la generación temporera es un asunto crítico y por el impacto económico del contrato, Javelin pidió al tribunal que acortara los términos de la Ley de Transparencia y realizara una vista esta misma semana sobre la entrega del expediente adjudicativo.

Para leer la demanda de Javelin, pulse aquí.

Vea:

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