11 de junio de 2025 – El comisionado de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, junto al secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera, y la secretaria de Justicia, Lourdes Torres, ofrecen detalles del operativo que culminó con el arresto de varios oficiales correccionales.
El secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera, dijo hoy que aún no ha recibido el emplazamiento de la demanda que presentó un grupo de empleados despedidos por la pasada administración y que presentó una oferta a esos empleados para que regresen a trabajar.
“Todos apelaron esa determinación (la destitución). Una vez recibamos el emplazamiento vamos a atender el asunto con el Departamento de Justicia y seguro que la exsecretaria hará lo propio”, dijo Quiñones Rivera en entrevista radial (Magic 97.3 FM).
Los empleados despedidos, ocho en total, fueron los que tuvieron a su cargo la supervisión en la libre comunidad del confinado Hermes Ávila Vázquez y en la demanda federal imputan que fueron despedidos por discrimen político.
Esa reclamación, sometida el viernes, es la primera secuela legal conocida por las acciones que la exsecretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, tomó como respuesta al escándalo y la fiscalización que se activó cuando Ávila Vázquez asesinó a una mujer, mientras disfrutaba de un pase que se le otorgó porque supuestamente estaba parapléjico, cuando realmente podía moverse normalmente sobre sus propios pies.
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“Con relación a esos empleados puedo adelantar que les hicimos una oferta transaccional para que regresaran a la agencia y puedo decir que por lo menos una empleada regresó y ya lleva dos semanas trabajando. Los otros siete están evaluando la oferta”, reveló el funcionario.
“La oferta no conlleva dinero. Es cambiar la destitución por una suspensión, que se convertirá en una suspensión de alrededor de seis meses. La medida de destitución fue la más drástica. No fue una evaluación en ese sentido (hecha por nosotros). Fue un acto de humanidad de la agencia”, afirmó.
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