La coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Veronica Ferraiuoli Hornedo, presentó el lunes a la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón el documento respaldado por las Órdenes Ejecutivas OE-2025- 009 y OE-2025-023.

El primer informe de la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA) concluyó que el 90 por ciento de los reglamentos activos en el Departamento de Estado no se ha actualizado en más de cinco años y muchos provienen de agencias extintas o con leyes derogadas.

La coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Veronica Ferraiuoli Hornedo, presentó el lunes a la gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón el documento respaldado por las Órdenes Ejecutivas OE-2025- 009 y OE-2025-023.

“Este primer informe refleja el compromiso de esta administración con un gobierno más eficiente, ágil y transparente. IDEA nos ha permitido identificar barreras normativas que afectaban la productividad del sector público y la experiencia del ciudadano. Estamos transformando la manera en que opera el gobierno, con enfoque en resultados y servicio”, expresó Ferraiuoli Hornedo en declaraciones escritas.

Ferraiuoli Hornedo mencionó que se revisaron más de 4,000 reglamentos. La coordinadora explicó que, aunque la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme obliga a las agencias a revisar sus reglamentos cada cinco años, la información recopilada evidencia que la gran mayoría está en incumplimiento.

“A través de la orden administrativa Orden Administrativa-IDEA-2025-002, se exigió a las agencias revisar, clasificar y reportar el estado de sus reglamentos, lo que ha permitido iniciar un proceso sistemático de depuración normativa. Hasta la fecha: 83 agencias completaron la autoevaluación reglamentaria. Se consolidó una base de datos de más de 4,000 reglamentos. Ya hay procesos activos de derogación, consolidación o redacción de nuevos reglamentos en múltiples dependencias. Se encuentra en desarrollo un panel digital (dashboard) de cumplimiento para que la ciudadanía pueda monitorear este esfuerzo.

En la segunda fase de la iniciativa, se implantará la Certificación de Eficiencia Regulatoria como requisito obligatorio para toda nueva reglamentación. También se publicará un panel digital de cumplimiento accesible a la ciudadanía. Se adoptarán de forma masiva las firmas digitales para los procesos administrativos, y se expandirá el sistema IDEAL mediante integraciones entre agencias. Además, se lanzará una plataforma central de servicios ciudadanos con un asistente virtual inteligente. Esta etapa incluirá una campaña de profesionalización del servicio público, con adiestramientos en el uso de nuevas herramientas.

Igualmente, se contemplan reformas al sistema contributivo, al sistema de permisos y a las métricas de desempeño, en coordinación con la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Finalmente, se diseñará un plan de eficiencia energética para los edificios públicos, enfocado en reducir los costos operacionales.