Aunque se alega que la medida busca reducir el maltrato infantil, ha generado preocupación por el efecto que tendría en el acceso a programas de educación temprana como Head Start y Early Head Start.

El Proyecto de la Cámara 654, que crearía la “Ley para la Educación Obligatoria de Crianza Responsable”, quedó aprobado en su trámite legislativo tras la Cámara de Representantes concurrir ayer domingo con las enmiendas introducidas por el Senado.

Ahora, la medida pasa al escritorio de la gobernadora, Jenniffer González Colón, quien tendrá la última palabra para convertirla en ley o vetarla.

La medida, de la autoría del representante Ricardo Ocasio Ramos, impone como requisito la participación en talleres de crianza responsable para que los menores puedan ser admitidos a los programas de Head Start, Early Head Start y programas preescolares del Departamento de Educación.

El texto legislativo destaca que esta política pública responde a una “crisis social que exige acciones preventivas inmediatas”, citando datos del AFCARS Report 2023 que indican que en el año fiscal 2022 se reportaron 4,320 víctimas de maltrato infantil en Puerto Rico, con un 78.9% por negligencia, 59.3% por abuso emocional y 22.1% por abuso físico.

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La medida fue respaldada por el doctor Carlos Malavé Rexach, sexólogo forense y especialista en maltrato y abuso sexual, quien afirmó que “la educación en la crianza no solo salva vidas, sino que construye ciudadanía, previene la violencia y refuerza el tejido social”.

Sin embargo, agencias del propio Ejecutivo levantaron reservas.

El Departamento de la Familia expresó preocupación con que se imponga como requisito el taller para poder inscribir a un niño en programas educativos públicos, señalando que “esto va en contra del espíritu de estos programas federales que fomentan la mayor participación”.

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Por su parte, el Departamento de Salud no respaldó la medida y recomendó que los talleres se ofrezcan una vez las familias hayan salido del hospital.

Asimismo, La Red por los Derechos de la Niñez y Juventud también cuestionó la obligatoriedad de los talleres por limitar el derecho a la educación, aunque recomendó que, si se implantan, sean uniformes y basados en evidencia científica.

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