Indican que el Garffer utilizó papel timbrado oficial del DSP, canales institucionales y su cargo como jefe de una agencia de seguridad pública para anunciar públicamente la creación de un PAC.

El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) Domingo Torres García junto al representante Ramón Torres Cruz anunciaron hoy la radicación de un referido a la Oficina de Ética Gubernamental contra el General Arturo Garffer, actual Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), por uso indebido de su posición y de recursos públicos para anunciar la creación de un Comité de Acción Política (PAC).

“El General Garffer utilizó papel timbrado oficial del DSP, canales institucionales y su cargo como jefe de una agencia de seguridad pública para anunciar públicamente la creación de un PAC. Esto constituye una posible violación de leyes y reglamentos que prohíben expresamente el uso de recursos públicos para estos fines”, expresó el portavoz alterno.

“En un comunicado distribuido por el Departamento de Seguridad Pública, Garffer no solo agradece a la gobernadora Jenniffer González Colón por su fallido nombramiento como Secretario de Estado, sino que anuncia la creación de un Comité de Acción Política orientado a influenciar la política pública sobre el voto militar y la figura del veterano. Este anuncio, hecho desde su cargo oficial y en un contexto institucional, representa un uso inaceptable de su posición pública para adelantar intereses políticos”, afirmó por su parte Torres Cruz, portavoz del PPD en la Comisión de Seguridad en la Cámara de Representantes.

-El uso de un agente (empleado u oficial de prensa) pago con fondos públicos para anunciar, divulgar, promover, informar la creación de un Comité de Acción Política (PAC) en un documento público (timbrado) sin dudas configura una violación al inciso (k) del Artículo 4.2 de la Ley 1-2012, conocida como Ley de Ética Gubernamental, toda vez que el servidor público no puede, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, promuevan intereses electorales-, lee parte del referido presentado por los representantes populares.

“El General Garffer tiene derecho, como cualquier ciudadano, a expresarse políticamente y a organizarse. Lo que no tiene derecho es a usar el poder y los recursos del Estado para promover causas políticas. Los recursos públicos no están al servicio de agendas políticas. Si esto se permite, mañana cualquier jefe de agencia puede hacer campaña desde su escritorio, y eso no lo vamos a tolerar”, manifestaron los representantes populares.

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