El plan es transferir el dinero que otorga ATI a seguridad privada a los municipios que hagan acuerdos para la seguridad y vigilancia de las áreas de transporte.

La Cámara de Representantes está vislumbrando la posibilidad de enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para que a la Policía Municipal se le extienda jurisdicción como parte de su trabajo a las facilidades de transportación colectiva y vial dentro de sus límites territoriales.

El Proyecto de la Cámara 371 que es de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), alude a que actualmente la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) destina fondos públicos a la contratación de servicios de seguridad privada en las instalaciones del Tren Urbano y otros medios de transporte, pero que aún así, no se está garantizando una protección integral.

«La seguridad pública requiere estrategias más eficaces y sostenibles, que maximicen la capacidad de respuesta y aseguren una presencia policial más cercana a la comunidad… La Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y los municipios podrán establecer acuerdos para facultar a la Policía Municipal y asumir un rol activo en la vigilancia y protección de los pasajeros y las instalaciones. Por ejemplo, los municipios de San Juan, Bayamón y Guaynabo podrán asignar efectivos de la Policía Municipal para resguardar las facilidades de transporte vial que circulan en sus respectivas jurisdicciones», reza el proyecto de ley.

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Con esta medida, se estaría reasignando los fondos que están actualmente destinado a la seguridad privada para fortalecer la Policía Municipal y podrán establecer acuerdos con los Municipios.

El director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, favoreció la medida legislativa, pero sugirió que los efectivos puedan discurrirse por todas las jurisdicciones del tren, indistintivamente este transporte pase por varios municipios.

«Esto significaría que por ejemplo, un Policía Municipal de Bayamón pueda circular por toda la alineación de las estaciones del tren hasta llegar al Sagrado Corazón. Esto con el fin de que realmente puedan ser efectivos y eficientes en las intervenciones que puedan surgir debido a emergencias o incidentes de seguridad», sostuvo Ménendez Agosto.

Sin embargo, hubo desacuerdos encontrados con la medida entre la Federación y la Asociación de Alcaldes.

Por un lado, la Federación endosó el proyecto de ley entendiendo que es necesario que se refuerce la vigilancia para prevenir delitos y para que se pueda responder con rapidez a las emergencias que surjan, así como fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de trasporte público.

No obstante, la Asociación de Alcaldes, por conducto de su presidente Jorge González Otero, planteó varias interrogantes a la Comisión de Asuntos Municipales, como por ejemplo, que les preocupa que la medida legislativa sea solo para establecer «acuerdos» con los municipios».

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«Nos preocupa que una función y responsabilidad de una agencia del gobierno central se quiera transferir a los municipios aun con acuerdos. Hacer esto va a limitar que los policías municipales den vigilancia y proveen seguridad en el municipio que tanto es necesario», indicó González Otero.

También denunciaron que la jurisdicción de la Policía Municipal ya permite que se brinden servicios de seguridad en áreas del transporte público, que en la medida legislativa no se menciona cuánto será la totalidad de fondos que se estarían traspasando y si esa responsabilidad es durante el tiempo que dure la operación del transporte colectivo.

«Tal y como está redactado no podemos endosarlo», afirmó Verónica Rodríguez Irrizary, directora ejecutiva de la Asociación.

Tanto el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de Justicia, endosaron la medida, pero otorgaron total deferencia a los alcaldes de tomar postura ante el proyecto de ley.

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