Aunque la gobernadora no anticipa que el Senado cuelgue a su designada a Justicia, el PIP cuestiona el silencio que ha guardado Janet Parra, mientras que el presidente del Senado y Eliezer Molina insisten en no apresurar la votación de confirmación.

El coro de voces que expresan preocupaciones sobre las recientes imputaciones que salpican a Janet Parra Mercado, la designada secretaria del Departamento de Justicia, aumenta.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como el senador independiente, Eliezer Molina, y el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González, están disgustados y hasta decepcionados con las alegaciones de carpeteo que pesan contra Janet Parra Mercado y Abiel Soto Méndez, quien trabajó como su escolta.

González entiende que Parra Mercado no es apta para ocupar el cargo de secretaria del Departamento de Justicia, tras el intento de su jefe de escolta de obtener información sobre fiscales que comparecieron ante el Senado.

Para el senador del PIP, eso pone en duda la integridad institucional de quien la gobernadora, Jenniffer González Colón, aspira sea “la abogada del pueblo”.

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“Una información como esta y una situación como esta, que implica posibilidad de comisión de delitos, actuaciones ilegales por parte de funcionarios de la policía, y ella como secretaria de Justicia, no está nominada a cualquier otra cosa”, subrayó el legislador.

González hizo hincapié en que el cargo de secretaria de Justicia no es administrativo ni ceremonial.

“Es la abogada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando en un caso criminal dicen ‘el pueblo de Puerto Rico versus fulano’, el pueblo de Puerto Rico es el Departamento de Justicia, que son los fiscales y ella como persona que está a la cabeza de esa agencia”, sostuvo.

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“Este asunto puntual va a la médula del nombramiento”, añadió el independentista.

A su vez, el senador denunció que el intento del jefe de escolta de Parra de obtener los nombres de los fiscales citados al Senado constituye una posible intervención indebida en un proceso legislativo.

“Eso es tan grave como si alguien tratara de intervenir con un testimonio en un juicio. Es tan grave que está tipificado en el Código Penal como delito”, afirmó.

Además, recordó que esa acción, según el ordenamiento jurídico del país, podría ser clasificada como carpeteo ilegal.

“El gobierno no puede retener información de ciudadanos privados a menos que tenga la sospecha de que cometió o que va a cometer un delito. Si lo hace, estaría cometiendo la práctica ilegal del carpeteo. Así está definido por el Tribunal Supremo cuando se declaró ilegal esa práctica”, explicó González.

Del mismo modo, González repudió que la secretaría de Justicia ha permanecido en silencio ante los señalamientos; algo que considera inaceptable.

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“Al día de hoy la Secretaría de Justicia no ha desmentido la comunicación, no se ha distanciado”, denunció.

Por otro lado, para el senador independentista, la actuación de la escolta de Parra refleja una falta de responsabilidad que no puede pasarse por alto.

“Si tiene la osadía de pedir información de tres fiscales durante un proceso oficial, ¿qué no pudiera hacer esa persona como miembro de la Uniformada con información de ciudadanos particulares?”, cuestionó González.

Señaló que redactó la comunicación formal para que el Senado investigue el contenido de la carta enviada por el director de seguridad del Capitolio.

También dijo que entre todos los portavoces hubo consenso para que la Policía abra una investigación administrativa contra el agente que realizó la llamada.

“Todos estuvimos de acuerdo en que se le exija al Comisionado de la Policía que comience un proceso allá en la Policía también”.

González, sin embargo, concluyó que este no es un asunto menor, ni un simple malentendido. “Aquí se trata de una rama de gobierno interviniendo sobre la otra. Hay que investigar la veracidad de esas expresiones”, afirmó.

“Se cae de la mata: quien único se beneficia de esa información es la Secretaría de Justicia”, concluyó.