El presidente de ese organismo pidió la remoción de dos oficiales en particular.

El presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola), Ariel Torres Meléndez, le pidió públicamente al secretario del Departamento de Seguridad Pública, General Arturo Garffer, y al comisionado de la Policía, Joseph González, que protejan la integridad de ese cuerpo y que, de forma inmediata, releven de su posición al director del Negociado de Armas, inspector Víctor Castro, y al sargento y abogado Abraham Tanco, por estar involucrados en delitos.

Advirtió que la agencia de seguridad no puede actuar con “doble vara” cuando se trata de miembros del cuerpo.

Afirmó que el inspector Víctor Castro no tan solo fue arrestado, sino que “todo el proceso investigativo y administrativo que tiene que hacer la Policía, que incluye separarlo de sus funciones inmediatamente, ocupar su arma de reglamento, ocupar su licencia de armas y armas personales, vista administrativa, referirlo al psicólogo de la Policía, en fin, el proceso de la agencia careció de transparencia”.

El inspector Castro estuvo involucrado en un proceso de Ley 54 y el trato preferencial que se le dio no lo recibe ningún ciudadano, afirmó Torres Meléndez. “Tanto es así que estuvo cinco días descansando y cuando regresó a su oficina regresó a dar instrucciones, y estaba armado, como si nada hubiese pasado. ¿O sea, que los agentes le ocuparon su arma de reglamento y sus armas personales y cuando llegó a su oficina como director del Negociado De Armas, el mismo se devolvió sus armas y se armó? ¿O quién dio esa instrucción?”, cuestionó.

Sobre el segundo caso, relató que “recientemente fue imputado por actos lascivos el sargento Abraham Tanco, quien también era el asesor o el abogado encargado del Registro de Armas de la Policía de Puerto Rico. Ese mismo fue el licenciado, que dio instrucciones en el Registro de Armas para que el comprobante de las personas con discapacidad se les cobrara, contrario a Ley 168. También fue la persona que dio las instrucciones para que a los militares se les cobrara el comprobante de licencia de armas, contrario también a la Ley de Armas. Por eso, Codepola llevó ambos casos a los tribunales y prevaleció”, agregó.

Torres Meléndez insistió en que “personas como estas no pueden estar a la cabeza de oficinas sensitivas y con abogados de asesores que nunca han pisado un tribunal, que no conocen el derecho fundamental y que interpretan la Ley 168-2019 a su forma como es el caso de la Lcda. Feliciano, parte del ‘Dream Team’ del inspector Víctor Castro. Estas situaciones, para los miembros de la uniformada que están día a día en el Cuartel General, es meramente desmoralizarlos”, dijo.

Torres Meléndez señaló que, si no se corrige inmediatamente esta situación, no habrá moral para exigirle a los ciudadanos que sean ejemplo ante la sociedad. “No podemos pedir a los ciudadanos que vayan a coger seminarios, cursos y adiestrarse. No podemos hablar de un problema de salud mental en Puerto Rico, cuando en la Policía tenemos a un abusador por Ley 54 y otro acusado por actos lascivos. La agencia, en vez de aplicar el peso de la ley, los trata con paños tibios”.

Reacciona el comisionado de la Policía, Joseph González

“En la Policía de Puerto Rico tomamos con seriedad todas las alegaciones que involucran a nuestro personal y, según corresponda, activamos los protocolos establecidos. Cuando esos procesos terminen, vamos a tomar las acciones según la Constitución, las leyes y los reglamentos de la Policía. Nuestro compromiso es claro: haremos nuestro trabajo con rectitud y sentido de urgencia, como el pueblo espera, pero siempre respetando los derechos de todas las partes involucradas», respondió González en declaraciones escritas.