La entidad sin fines de lucro que encabeza un pastor y que recibió dinero para canalizar una quebrada tuvo más de $6 millones en donativos de varios representantes y senadores del PNP.

Aunque la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) parece centrar una investigación criminal en los donativos legislativos tramitados para canalizar la quebrada Margarita, la entidad sin fines de lucro que recibió ese dinero por parte del exrepresentante Antonio Luis “Tony” Soto Torres recibió millones más de otros legisladores para trabajos no especificados.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. (CCSF), una entidad sin fines de lucro que preside el pastor Heriberto Andújar Otero, también incorporador de la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana de Naranjito, Inc., tiene contratos con valor de $6.6 millones. Esto incluye los aproximadamente $1.5 millones que recibieron para la canalización de la quebrada, una obra que nunca realizaron y que, según documentos en una demanda civil, tampoco tienen el dinero público que se les transfirió para ello.

De los 27 contratos, uno es con la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y el resto con la Autoridad de Tierras (AT) bajo el Fondo de Mejoras Municipales (FMM). Este es el barrilito legislativo que los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) crearon a fines de 2020, y los del Partido Popular Democrático (PPD) mantuvieron todo el cuatrienio pasado, para que los representantes y senadores de distrito tuvieran decenas de millones de dólares en ingresos del Impuesto sobre las Ventas y Uso para repartir a quien quisieran con meramente enviar un mensaje a la autoridad. Esto ocurre fuera del ojo público y, hasta ahora, no se han publicado las peticiones de los legisladores para las asignaciones.

El viernes pasado, la OPFEI confirmó que investigaba a Soto Torres y a su exasesor, José Miguel Huertas Torres. Luego, NotiCel reveló que Huertas Torres había estado en los tres lados del trámite del donativo sobre la quebrada: fue asesor del legislador que hizo el donativo, fue técnico en la AT revisando estos donativos y, apenas en junio del año pasado, compareció al tribunal de quiebras como representante del centro que recibió el donativo. Además, expusimos que su esposa, Wilmarie Rosado Torres, también había tenido roles conflictivos al ser asesora legislativa y empleada del centro.

Pero una revisión de los contratos del CCSF, así como los contratos que la pareja de asesores tuvo a través de las entidades MHR Consulting Corp. y AHC Consulting Corp. arroja un cuadro de donativos y conflictos más amplio.

El centro fue creado en 2012, pero sus contratos públicos aparecen otorgados solo entre agosto de 2019 y enero de 2022. De estos, los dos más claros son los de la quebrada, que específicamente dicen que son para esa obra. Los demás, no detallan para qué se les da el dinero, más allá de “para obras y mejoras permanentes y servicios directos a la ciudadanía” de algún distrito senatorial o representativo. Esto levanta la duda de cómo se puede fiscalizar el uso del dinero.

Además del distrito número 6 que representó Soto Torres hasta que renunció sorpresivamente en febrero de 2021, el CCSF tuvo contratos para canalizar donativos de los representantes novoprogresistas Luis “Junior” Pérez Ortiz (distrito 7) y Yashira Marie Lebrón Rodríguez (distrito 8). Además, del distrito senatorial de Bayamón (senadores Carmelo Ríos Santiago y Migdalia Padilla Alvelo) y el distrito senatorial de Humacao (senadora Wanda Soto Tolentino). En este distrito también sirvió la popular Rosamar Trujillo Plumey. Los últimos tres contratos que tuvo el centro, otorgados entre diciembre de 2021 y enero de 2022, ni siquiera decían en qué distrito representativo o senatorial se iban a usar los fondos.

El periodo de tiempo que cubren los contratos del centro coincide con que Huertas Torres, a través de AHC, tuvo contratos con la AT y con el representante Pérez Ortiz. Por otro lado, a través de MHC y en ese mismo periodo, el matrimonio aparece contratado como investigadores de la Comisión Especial Conjunta De Fondos Legislativos Para Impacto Comunitario, cuyos copresidentes eran el representante Soto Torres y la senadora Padilla Alvelo. También con el frente de MHC, Huertas aparece con contrato como asesor de la Oficina de Enlace Comunitario en el Senado, al mando del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, mientras que su esposa tuvo contrato como investigadora de campo con la comisión y con el representante Pérez Ortiz.

Los contratos del CCSF se detienen en febrero de 2022, después de que el entonces secretario de Agricultura, y presidente de la Junta de Directores de la AT, Ramón González Beiró, hiciera referidos relacionados a los donativos del FMM y destituyera a la directora ejecutiva de la AT, también bajo investigación, Dorally Rivera Martínez. Incluso, se les canceló un contrato otorgado en enero, mas no así cinco contratos más que tenían vigentes hasta junio de 2022.

De la misma manera, los contratos públicos de MHR y AHC no se extendieron más del verano de 2022.

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