Las penalidades podrían ser de $125,000 diarios por falta, con la posibilidad de que aumenten a $250,000.

La Cámara de Representantes le dio paso ayer, martes, al proyecto de ley enviado por la gobernadora, Jenniffer González Colón, que enmendaría la «Ley de Transformación y Alivio Energético» para aumentar las multas que impondría el Negociado de Energía a todas las empresas operadores del sistema eléctrico de Puerto Rico, entiéndase LUMA Energy, Genera PR, EcoEléctrica y la cogeneradora AES.

Según la vigente Ley 57, las multas son de un máximo de $25,000.

El Proyecto de la Cámara 268 establece en su exposición de motivos que las experiencias de los pasados años con los operadores privados queda demostrado sobre «la necesidad imperante de facultar al Negociado de Energía con mayor autoridad fiscalizadora sobre las entidades reguladas».

La medida establece que la persona o compañía de energía que incurra en violaciones a la ley, tendrá que pagar hasta un máximo de $125,000 diarios por cada violación. Estas multas no excederían del 5% de las ventas brutas anuales, en el caso de los operadores privados.

El mínimo de multa será de $15,000. Antes de esta medida, no existía un mínimo de monto a cobrar.

De igual manera, si la empresa privada persiste en la violación, el Negociado le podrá imponer multas adicionales de hasta un máximo de $250,000 diarios por cada violación.

El P de la C 268 también establece que «las multas administrativas serán pagaderas de fondos propios de la entidad regulada y bajo ningún concepto serán transferidas a los consumidores o incluido como un costo en la factura».

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Otros de los incisos de la medida reza que el Negociado de Energía podrá además ordenar a cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación púbica, programa o entidad de Gobierno que posea «cualquier acreencia con el Negociado de Energía, hasta el monto de la sanción, para garantizar el fiel cumplimiento con la misma».

«Este proyecto en cierta manera, es una admisión en cierta manera de que tanto LUMA como las corporaciones están en cierta manera por la libre sin ser fiscalizadas adecuadamente», expresó el representante Ángel Fourquet.

Mientras, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Márquez Lebrón, también avaló la medida.

«Es importante que se les imponga las multas que son necesarias. La energía renovable es el futuro de este país, es el futuro como isla tropical, como una realidad del cambio climático, la necesidad de una vez y por todas movernos hacia la energía renovable para rescatar este país de la energía sucia que tanto perjudica a la salud y el medio ambiente. Por esas razones la delegación del PIP estará votando a favor de esta medida siempre señalando la cancelación del contrato de LUMA. El país se merece una transformación energética hacia la energía renovable», sostuvo Márquez Lebrón.

Mientras, la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz, no estuvo a favor del proyecto de ley porque considera que no existen garantías de que no se le pasará en el cobro de factura de energía a los consumidores por las multas a pagar.

«En la actualidad continuamos en la misma situación con el agravante de que el tiempo sigue pasando y la situación empeora. El costo de energía ha ido en aumento y cómo podemos garantizar que no se le transferirá al consumidor las multas impuestas en cargos disfrazados. No nos podemos llamar engaño, aplicar multas para que luego los consumidores terminen pagando las consecuencias en aumento de tarifa, no es la solución viable a tan importante asunto. El tiempo pasa y no vemos resultados favorecedores ni el alivio a la crisis persistente», indicó Burgos Muñíz.

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La medida legislativa recibió un informe positivo el pasado 21 de febrero de la Comisión de Gobierno, que preside el representante Víctor Parés Otero.

El Negociado de Energía explicó en las vistas que las sanciones económicas significativas «crean incentivos para que las empresas cumplan con los estándares de calidad, confiabilidad y eficiencia…a su vez redunda en un sistema eléctrico más robusto, costos operacionales más eficientes y un mejor servicio para los consumidores».

La medida cerró con 48 votos a favor y uno en contra. Ahora pasará a la consideración del Senado.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo jueves.

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