Aunque ya la ley que daba el mandato de cabildeo en Washington caduca ahora en diciembre, la gobernadora electa dijo a NotiCel que en su administración no pedirá legislación alguna para mantener a los cabilderos por la estadidad.

En las pasadas elecciones generales, sobre el 50% de los puertorriqueños mostró su apoyo a la estadidad como status político, sin embargo, aunque la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, dijo que adelantará estas causas durante su cuatrienio, descartó la idea de legislar nuevamente para tener cabilderos de la estadidad en Washington.

Sin entrar en las razones, a preguntas de NotiCel, la gobernadora dijo «no» firmemente cuando se le preguntó en dos ocasiones si estaría a favor de radicar otro proyecto de ley para favorecer a miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) que buscarían irse a Estados Unidos a luchar por la estadidad para Puerto Rico.

Aún más cuando el nuevo comisionado residente, Pablo José Hernández, ha mencionado en varias ocasiones que su enfoque en la capital federal no es el status territorial, sino el crecimiento y la estabilidad económica del país.

«No…Yo voy a honrar lo que dice la plataforma sobre la estadidad. Primero, la estadidad es política pública del gobierno de Puerto Rico, es ley, por lo tanto, todos los funcionarios de gobierno tienen que hacer valer el cumplimiento de esa ley. Segundo, es que acabamos de tener un mandato electoral en este plebiscito donde la estadidad salió favorecida mayoritariamente. Yo voy hacer mi labor de cabildeo, los funcionarios electos haremos labor de cabilderos y cada agencia sabe mejor que nadie, cuántos fondos federales se están perdiendo al ser un territorio», expresó.

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«Durante mis ocho años en el Congreso, tuve que darme la tarea de buscar fondos federales para Medicaid y logré la mayor cantidad en la historia. Ahora mismo, mientras sigamos siendo un territorio, corremos el riesgo de que esa cantidad la reduzcan dramáticamente o ni siquiera la logremos. Al convertirnos en estado eso es automático, no hay que estar negociando cada dos años», añadió.

González Colón dijo además que se estará enfocando en los proyectos de desarrollo económico que impulsó como comisionada residente así como la igualdad para la isla.

«Puerto Rico no puede seguir languideciendo económicamente cuando no tiene una estructura de trato igual. Yo voy a buscar la igualdad y yo creo que debe ser el mandato de todos los funcionarios», aseguró.

La ley que había dado paso al cabildeo en Washigton fue la Ley 167 de 2020, mejor conocida como «La Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico». Esta ley ya caduca ahora en diciembre, por lo que ahí muere las delegación congresional.

El 1 de julio de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi llevó a cabo la juramentación de los delegados que terminó siendo un gasto al bolsillo del puertorriqueño.

Los delegados asignados fueron: Melinda Romero Donnelly, María “Mayita” Meléndez Altieri, Roberto Lefranc Fortuño, Elizabeth Torres, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y Zoraida Buxó.

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Los reembolsos pagados y salarios en el 2022 ascendían a $1,008,560.86, lo que fue una disputa el año pasado, provocando así que el Partido Popular Democrático (PPD) radicara el Proyecto de la Cámara 139 para eliminar a los cabilderos de la estadidad de manera inmediata.

Pero, la medida quedó en el tintero en el Senado.

Los delegados recibían un jugoso salario de $90,000 y hasta $30,000 en gastos reembolsables.