El incremento rondaría en un pago máximo de $300 y el proyecto tiene un impacto, en su primer año, de $250 millones.

Por encima de objeciones fiscales y el acuerdo que dio paso al Plan de Ajuste de la Deuda, La Cámara de Representantes aprobó la medida que, si se convirtiera en ley, implicaría un aumento a las pensiones de los empleados públicos.

Con la aprobación de este proyecto de ley, los ingresos del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal serán utilizados para cubrir un propuesto aumento, en un promedio de $300 mensuales, de las pensiones de 160,000 jubilados en Puerto Rico.

Este aumento, que costaría $194 millones al fisco en el 2025 y otros $55.4 millones en el 2026 con el primero aumento fijo al COLA, no aplica a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“En particular, el párrafo 62 de la Orden de Confirmación dictada por el Tribunal de Título III específicamente prohíbe al Gobierno por un periodo de diez años desde la Fecha de Efectividad (o hasta par lo menos el 15 de marzo de 2032); (1) implementar legislación existente y aprobar nueva legislación que cree o aumente los pagos y obligaciones de beneficios definidos a retirados independientemente de la fuente de repago; y (2) deshacer (total o parcialmente) las eliminaciones de acumulación de pensiones o los ajustes par costo de vida para empleados de Gobierno”, lee parte de la ponencia de AAFAF, entidad encargada, entre otras cosas, de añadirle contexto de responsabilidad fiscal a proyectos como este.

“La Autoridad de Asesora Financiera y Agenda Fiscal de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda no avalan la medida según radicada. Aunque entienden la intensión loable del proyecto, AAFAF y Hacienda consideran que aún contiene interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a la implementación del proyecto por su inconsistencia con el Plan Fiscal. Puntualizan que el Proyecto “contraviene expresamente el párrafo 62 de la Orden de Confirmación, por lo que existe un impedimento legal para su implementación”, lee el informe positivo.

De acuerdo a la medida, su impacto sería efectivo desde el 1 de julio de 2024, cuando se propone que se aumentaría en un 10% todas las anualidades de los pensionados de los Sistemas de Retiro, por mérito, edad y años de servicio o incapacidad y que estén vigentes a esa fecha.

El valor máximo de la anualidad que se tomará en cuenta para este cómputo será de hasta $3,000. El pago se pagará bajo el sistema de ‘Pay As You Go’ del Fondo General, un plan de pensiones muy similar al 401k.

“Deberían tener una vida justa y razonable. Han llegado personas a mi oficina a decirme que tienen que picar las pastillas de seguimiento porque no les da el dinero para comprarlas completas y eso duele…Si contamos del 2013 al 2024 son 11 años con unos ingresos mermados porque así lo decidió el gobierno de turno…”, expresó la representante Lourdes Ramos.

Mientras, el representante Denis Márquez Lebrón, también tomó un turno a favor de la medida.

“No solo es a petición de ellos (los retirados) ha sido trabajado por diversas organizaciones de diversos gremios que son los que han tocado las puertas…Es mi reclamo que voten a favor del proyecto y que continuemos siendo solidarios porque la lucha no termina aquí, la lucha continúa y son personas que han dado ejemplo no solo por su trabajo, sino por su perseverancia…”, indicó el representante.

El representante José Bernardo Márquez Reyes, también tomó un turno sobre la medida.

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“En la medida que no se actúa para que exista unos ajustes en estas pensiones, por la inacción, estaríamos permitiendo que se reduzca el uso y el poder adquisitivo que tienen los jubilados con las pensiones que reciben. Así que, es un proyecto más que meritorio”, indicó Márquez Reyes.

El portavoz de la Cámara, Ángel Matos, también se expresó a favor.

“Ha sido agenda de esta Asamblea Legislativa, de hacer justicia salarial a la clase obrera de Puerto Rico…Hace unos días atrás, entró la fase tres al aumento del salario mínimo estatal a $10.50 y aunque con pena y vergüenza escuché posiciones de gobierno en contra del aumento y hasta ideas sugeridas, es que como que no se entiende que en Puerto Rico, aunque el salario mínimo llegue a $10.50 en la calle ofrecen $13 y no llegan a las plazas…”, cerró el debate Matos.

Para el 1 de julio de 2025 y cada julio subsiguiente, se establecerá un aumento de las pensiones equivalente al informe de ajuste por costo de vida (COLA) que determine el Administrador del Seguro Social de Estados Unidos y que entre en vigor en enero del año natural correspondiente.

Los fondos necesarios para cubrir el costo que conlleve la legislación provendrán de los Ingresos del IVU que no estén asignados al Fondo de Administración Municipal, 0.50%; IVU Municipal, 1%; a la Corporación para el Desarrollo de las Artes, las Ciencias y la Industria Cinematográfica de Puerto Rico, y al pago de la deuda de COFINA según lo dispone el Tercer Plan de Ajuste del Título III enmendado de COFINA, confirmado el 5 de febrero de 2019; y de los sobrantes del presupuesto general del ELA de cada año fiscal, “entre otros”.

El P de la C 2038 es de la autoría de los representantes Lourdes Ramos, Denis Márquez, Mariana Nogales Molinelli y Ramón Cruz Burgos.

La votación cerró con 44 votos a favor y 1 abstenido por parte de Angel Bulerín Ramos.

La medida pasará ahora a la consideración del Senado.

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