El juez federal Pedro Delgado Hernández dio paso a una demanda por discrimen que presentaron cuatro exempleados afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, quien radicó su candidatura para la reelección al cargo, a la vez que enfrenta desde esta semana una vista preliminar por delitos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.
Los exempleados demandaron a Irizarry Pabón, del Partido Popular Democrático (PPD), a su esposa, Miyadi Velázquez Pagán, al director de Recursos Humanos del municipio, José Luis Pacheco, y a la esposa de este. El juez desestimó los cargos contras los cónyuges, así como que descartó la causa de acción por represalia, pero mantuvo las reclamaciones de violación a la libertad de expresión mediante discrimen político, violación al debido proceso de ley y daños contra el alcalde suspendido y Pacheco a título oficial y personal.
Los demandantes habían planteado que la primera dama tenía control sobre las operaciones del municipio pero ni lo sustentaron ni lo mantuvieron en una enmienda a la demanda. De otro lado, Irizarry Pabón y Pacheco habían argumentado que no procedía la reclamación de discrimen político porque los despidos no se basaron en expresiones sobre asuntos de interés público, pero eso no convenció al juez en esta etapa inicial del pleito, que ahora va a descubrimiento de prueba.
Los demandantes son José G. León Gaud, Juan A. Fraticelli Cabrera, Maribel Pérez Torres y Javier Pacheco González. El grupo sostiene que fueron despedidos o se les obligó a renunciar porque participaron del trámite para pagar liquidación de licencia por vacaciones y enfermedad el sábado antes de que Irizarry Pabón juramentara como nuevo alcalde de Ponce. Las acciones contra estos empleados ocurrieron después de que se hiciera una auditoría en la que no se habrían hecho hallazgos de violación de ley en este trámite.
En el caso criminal, la vista preliminar contra Irizarry Pabón está pautada para iniciar el martes y se alega que cometió los delitos cuando ejecutó un esquema para que empleados municipales le pagaran un préstamo que tenía pendiente en el Banco Popular y que se usó para su campaña de 2020.
Vea:
Además de FEI, alcalde de Ponce enfrenta demanda por discrimen político
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