Está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal el aval final para desembolsar el dinero con el que los jueces obtendrían su aumento retroactivo al 1 de julio pasado.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) certificó al tribunal superior que remitió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) todas las comunicaciones necesarias para que esa entidad apruebe la reprogramación de fondos con la que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) implantaría las nuevas escalas salariales para todos los jueces que quedaron validadas mediante sentencia en un caso que los propios jueces presentaron.

Tras la explicaciones de OGP, el juez Anthony Cuevas Ramos indicó el jueves que “[e]ntendemos que las cartas y anejos enviados a la JSAF deben ser suficientes para que estos procedan a emitir la autorización de la reprogramación de los fondos bajo custodia de la OGP” y le pidió a esa dependencia de la Oficina del Gobernador que lo mantenga al tanto de las contestaciones de la Junta.

OGP presentó su postura después de que el juez le diera 24 horas para contestar una moción del juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero, demandante en el caso de los salarios y quien exigía conocer qué había hecho el Ejecutivo para cumplir con la sentencia del 17 de noviembre que le ordenó solicitar la reprogramación de fondos a la Junta.

El empuje de los jueces sobre el trámite ante la Junta con relación a su aumento de salario fue resentido por Justicia que, en un escrito al tribunal el miércoles en nombre de OGP, observó que los jueces pretenden “arrogarse la autoridad para establecer qué documento o qué pauta de la (Junta) el Gobierno de Puerto Rico debe considerar con primacía. Tomando en cuenta el marco legal existente bajo la Ley PROMESA, la parte demandante, quizás sin darse cuenta, realiza un peligroso e innecesario llamado para que la (Junta) se convierta en parte indispensable en este pleito”, añadieron.

La demanda de los jueces ocurrió después de que el presidente cameral Rafael Hernández Montañez adelantara que no consideraría este cuatrienio la medida que enmienda la Ley de la Judicatura para oficializar los aumentos.

La sentencia de Cuevas Ramos fue que no hacía falta esa enmienda y que la resolución presupuestaria era suficiente para establecer los aumentos. Pero eso produjo un escenario inusual, ya que la Junta es la entidad que tiene la última palabra para concluir si se cumplieron todos los requisitos para liberar a la OAT los aproximadamente $11.2 millones con los que se pagaría el aumento, pero la Junta no es una parte en el pleito. Tampoco puede serlo porque la Ley PROMESA prohíbe que ese ente sea demandado en el tribunal de Puerto Rico. La sentencia del juez Cuevas Ramos lo que hace es responsabilizar a OGP por hacer el trámite necesario ante la Junta para obtener la reprogramación de los fondos. Las moción de Marrero García, sin embargo, resalta “deficiencias” en las que ha supuestamente ha incurrido la OGP en su petición a la Junta y le pide al tribunal que les ordene corregirlas, lo que el tribunal no hizo.

“[E]s indispensable que la petición que realice la OGP incluya toda la información necesaria”, planteó la moción de Marrero Guerrero al señalar que esa oficina se limitó a remitir una carta de la OAT sin consignar expresamente las escalas salariales nuevas y sin solicitar que esas escalas sean certificadas como consistentes con la Reforma del Servicio Público. Señala también la moción que OGP debió aclarar a la Junta que la sentencia que emitió Cuevas Ramos “tornaba cualquier posible enmienda a la Ley de la Judicatura en una mera formalidad innecesaria”.

Otra parte demandante, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. (APJ), le había escrito el 29 de noviembre al Secretario de Justicia, también para darle seguimiento a las gestiones de la OGP con la Junta. “Le recuerdo respetuosamente que, por tratarse de un remedio extraordinario, la transferencia de los fondos en cuestión constituye una gestión que es de ejecución inmediata”, dijo la representación legal de la APJ al secretario Domingo Emanuelli Hernández.

Aparte de resistir el empuje de los jueces, OGP también indicó al tribunal que OAT tuvo una reunión con la Junta sobre la implantación del aumento de la cual ellos no participaron, por lo que no sabe qué hablaron la Junta y OAT. Por eso, OGP se limitó a servir de conducto para que una carta de OAT llegara a la Junta porque el ente fiscal pidió que se siguiera ese trámite, ya que es el que se sigue para todas las peticiones de reprogramación de fondos.

A este momento, la Junta no se ha expresado sobre la sentencia o la petición de reprogramación de fondos.

De concretarse, sería el primer aumento que reciben los jueces en 20 años. Las nuevas escalas se traducen en 24% de aumento para llevar el salario del juez presidente a $154,556; 20% para llevar el de los jueces asociados a $144,480; 24% para llevar el de los jueces apelativos a $130,579; 32% para llevar el de los jueces superiores a $118,133 y 32% para llevar el de los jueces municipales a $91,764.

Vea:

Plazo de 24 horas de Cuevas Ramos a la OGP para que se exprese sobre trámite de aumento salarial de los jueces