Uno de los proyectos que analiza esta Comisión es el P de la C. 1701, que propone crear la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP).

Abogados en su carٔácter personal, gremios y profesores de derecho apoyaron con enmiendas los proyectos dirigidos a combatir la corrupción gubernamental que evalúa la Comisión de Anticorrupción Cámara de Representantes y que este miércoles celebró audiencias públicas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Uno de los proyectos que analiza esta Comisión, que preside el representante Héctor Ferrer Santiago, es el P de la C. 1701, que propone crear la Oficina de Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP) con el fin de consolidar en una sola estructura la investigación y procesamiento de delitos de alto perfil consumados por funcionarios.

El otro es el P de la C. 1702, que pretende crear el Código Anticorrupción y Ética de Puerto Rico de 2023 para establecer normas éticas para contratistas, suplidores y solicitantes de incentivos económicos del Gobierno.

El presidente de la Asociación de Abogados, Ferdinand Ocasio, respaldó el P.C. 1701 y aseguró que el gremio está facultado para someter al gobernador una terna de candidatos para la posición de Director de la OAIP, al igual que las escuelas de derecho y el Colegio de Abogados y Abogadas, según dispone la pieza legislativa.

Recomendó, sin embargo, que se enmiende el lenguaje de la medida para establecer un límite de aproximadamente tres candidatos que cada entidad debe proponer al gobernador en su terna.

“Nosotros acataremos lo que establezca la legislación, pero me parece que es un número adecuado tomando en consideración que hay tres escuelas de derecho, el Colegio y la Asociación”, dijo.

La expresidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Georgina Candal, reconoció por su parte los aciertos del proyecto, tales como la necesidad de consolidar los instrumentos anticorrupción en una sola agencia y brindar adiestramientos a todo funcionario, pero mostró preocupación con varias disposiciones.

Mencionó entre ellas que hacer públicas las investigaciones y documentos en los cuales no proceda la radicación de cargos criminales o faltas administrativas infringe el derecho a la intimidad y a la privacidad del funcionario. Expresó también inquietud con la propuesta de que para solicitar una investigación relacionada con los servidores públicos tenga la opción de hacerse de forma anónima.

Argumentó que este mecanismo pudiera ser utilizado para hostigar y perseguir a un funcionario en particular y advirtió que el proyecto no establece los parámetros para asegurar que la querella sea justificada.

“Entiendo que las personas se sientan un poco cohibidas de decir sus nombres sobre datos que sepan, como sabemos que pasa cuando uno es testigo de un crimen. Sin embargo, yo trataría de establecer un mecanismo de balance para que cuando se vaya a hacer esa investigación, el investigador, tomando en cuenta esa situación de anonimato, trabaje de cierta forma que le dé una garantía”, puntualizó Candal.

El decano asociado de la Escuela de Derecho de la UPR, Hiram Meléndez, recomendó por su parte que la consideración de las ternas sometidas por las organizaciones sea “puramente opcional” para el Ejecutivo, con el fin de evitar un problema constitucional desde la separación de poderes. También propuso que sea un mecanismo opcional para estas entidades someter nombres al Ejecutivo.

“No es la función de las facultades de derecho ni de organizaciones privadas como las asociaciones profesionales participar de estos procesos políticos, aunque voluntariamente opten por hacerlo. Lo contrario presentaría serios retos relacionados con la libertad de expresión de las organizaciones mismas y sus miembros”, indicó.

Otra área sobre la que mostró reparos es con la facultad de remoción de funcionarios contemplada en el proyecto, pues dispone un procedimiento que duplica el creado para el residenciamiento en la Constitución de Puerto Rico en cuanto a la destitución del director de la OAIP.

“El sistema constitucional no contempla un proceso de para residenciamiento que inmiscuya a la Asamblea Legislativa en procesos de la Rama Ejecutiva. Por ende, la activación del juicio político para causas distintas a aquellas contempladas por la Constitución y para los funcionarios allí identificados, implica una violación a los parámetros constitucionales”, sostuvo Meléndez.

Mientras tanto , el Capítulo de Agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), adscrito al Sindicato de Policías Puertorriqueños, se expresó a favor de la propuesta legislativa al asegurar que los los recursos para atajar la corrupción gubernamental están mal distribuidos y “los roles se han desvirtuado”.

El director del Capítulo, Víctor Tirado, reclamó junto al presidente del Sindicato, Ismael Rivera, que el NIE debe ser el brazo investigativo de la agencia que se pretende crear. Según los agentes, el NIE cuenta con el personal mejor entrenado, capacitado y con vasta experiencia para realizar este tipo de pesquisas.

Argumentaron que existen agencias que refieren sus hallazgos relacionados a la corrupción a otras instrumentalidades que no tienen la jurisdicción sobre estos casos. Entre ellas, mencionaron al Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General y el Negociado de la Policía. “Estos referidos deben llegar al NIE para comenzar una investigación criminal rápida y efectiva. Solo necesitamos que los esfuerzos y recursos lleguen a donde tienen que llegar”, expresó Rivera.

El presidente de la Comisión, y autor de las medidas, indicó que “luego de realizar el análisis del modelo de investigación y adjudicación de delitos de corrupción, es meritorio atender la agenda urgente de impunidad, burocracia excesiva e ineficacia de la estructura anticorrupción actual”.

Defendió la propuesta de unificar los esfuerzos para combatir la corrupción. “Es necesario dejar a un lado la visión fraccionada que ha perpetuado la política pública sin coherencia, que ha provocado que los limitados recursos fiscales y humanos del gobierno estén divididos en múltiples agencias sin conexión entre sí, y establecer un nuevo modelo que sea realmente independiente, eficiente y eficaz”, declaró Ferrer.

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