El P del S 693 fue devuelto a comisión para realizar vistas públicas y se le encargó también a una segunda comisión.

Después de que tanto la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad (PD), como el presidente del Senado, José Luis Dalmau del Partido Popular Democrático (PPD), argumentaran que no había que hacer vistas públicas para un proyecto sobre aborto porque no había que llevar a discusión que abortar es matar, según ella. o asesinar, según él a un bebé, la medida fue devuelta a comisión para la celebración de vistas públicas donde enfrentará la oposición del Departamento de Justicia.

El proyecto, que mantiene en duda la permanencia del liderato de Dalmau en el partido y en el Senado debido al rechazo que han levantado su calificativo de «asesinato» para el aborto, se disponía a ser votado ayer en el pleno pero fue devuelto para las vistas públicas y se asignó a la Comisión de Asuntos de la Mujer, que presida la popular Migdalia González Arroyo como segunda comisión con jurisdicción sobre la medida. La senadora dijo la semana pasada que «[n]o tengo la menor duda de que este proyecto está redactado de forma que no atiende la realidad de las mujeres puertorriqueñas y pretende limitar el acceso al aborto de forma libre y segura”. Las vistas están pautadas para 26, 29 y 30 de abril.

De convertirse en ley según redactado, el proyecto establece un límite de 22 semanas como el punto en que ya el feto es «viable» y añade que es la política pública prohibir que un médico pueda realizar un aborto de ese punto en adelante. A manera de excepción, levanta un esquema para poder realizar un aborto hasta las 22 semanas cuando se trate de una emergencia médica y que la terminación del embarazo responda al criterio del médico. Exige también la presencia de un segundo médico en el proceso de terminación que está responsabilizado de preservar la vida de la criatura y ordena preparar un «Registro de Terminación de Embarazo en Etapa Gestacional de Viabilidad».

Justicia sometió su ponencia el viernes pasado, dos días después de que la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia emitiera su informe positivo y casi tres meses después de que primero se le remitiera la medida para sus comentarios en enero pasado.

Sobre esto, el documento suscrito por el secretario Domingo Emanuelli Hernández, tiene una primera nota al calce extensa en la que se objeta que la comisión, presidida por Rodríguez Veve, haya dicho en su informe que el silencio de Justicia significaba que avalaban la medida. «[L]a ausencia de comentarios de una agencia no equivale al endoso de la medida», dijo al ampararse en que la separación de poderes del gobierno implica que la Legislatura puede aprobar medidas sin esperar por comentarios y que el Departamento puede decidir cuándo comenta. «Por tanto, consideramos que la Asamblea Legislativa está impedida, al amparo del principio de separación de poderes, de emitir expresiones en representación de una entidad de otra Rama del Gobierno, cuando no constan dichas expresiones por parte de la entidad gubernamental en el récord legislativo, ni en algún otro récord público», dijo el secretario.

Sobre los méritos del proyecto, Justicia resaltó que el esquema de requisitos para los abortos por excepción «potencialmente derrotarían el procedimiento de emergencia indicado» y cabría la pregunta de si «tienen el propósito o el efecto de ser un obstáculo para la realización del aborto en esta circunstancia», lo cual sería contrario a las normas establecidas por el Tribunal Supremo federal.

Subrayó los efectos del «desfaz» de que por un lado se prohíben abortos después de las 22 semanas y por el otro se abre una excepción basada en el criterio médico. «Desconocemos cuál es el criterio utilizado por la Asamblea Legislativa para establecer las 22 semanas como el estándar para estos casos y no surge de la Exposición de Motivos cuáles fueron las recomendaciones médicas tomadas en consideración para establecer dicho término», plantea al añadir que no hay un límite de semanas establecido por el Supremo federal y que, de la manera en que está escrito, no se admitiría un proceso de emergencia si la gestación pasa de las 22 semanas. Hay vaguedad en la redacción, indicó.

Sobre el Registro, «nos parece que, en ausencia de mayor especificidad, la existencia de un registro es innecesaria y pudiera tener un potencial efecto disuasivo y paralizante entre los médicos que llevan a cabo estos procedimientos en esta circunstancia».

Por otro lado, el secretario de Salud, Carlos Mellado, sometió una ponencia en consulta con el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) con objeciones a la medida porque «entendemos que muchos de los asuntos para lo que se propone legislar ya son atendidos de manera adecuada, tanto por legislación estatal como federal».

«Surge la interrogante sobre los propósitos que persigue la recopilación de esta información, los usos que se dará a la misma por lo que se debe aclarar en el proyecto», dijeron sobre el registro que Justicia también objetó.

Basado en datos de 2021 del Centro para el Control de Enfermedades (CDC en inglés), expusieron que «[l]a inmensa mayoría de los abortos/terminaciones de embarazo se producen de manera temprana». Específicamente, 92.7% a las 13 semanas o menos; 6.2% entre 14 y 20 semanas; y 1% después de las 21 semanas, que es lo que el proyecto prohibiría. Cuestionan que, aún con esta incidencia tan baja en ese período gestacional, solo se permita el aborto cuando exista riesgo para la vida de la mujer sin tomar en cuenta otras razones para una terminación luego de las 22 semanas, como: graves anormalidades o malformaciones fetales, embarazos producto de violencia, poco acceso a servicios que hubieran viabilizado una terminación temprana; haber desconocido el hecho de estar embarazada, entre otros.

Enfatizó en las consecuencias no solo físicas sino emocionales de los embarazos que son productos de violencia, tanto violencia perpetrada por un extraño, como por un familiar (incesto) como por una pareja y concluye que el proyecto «interfiere en un asunto que atañe a la gestante y al personal médico que la atiende; por no tomar en cuenta circunstancias que afectan la salud de las mujeres y el acceso a servicios en las terminaciones…. enviaría un mensaje equivocado a las mujeres que se plantean la opción».

«No se trata de defender o condenar el aborto o las terminaciones de embarazos; se trata de reconocer las opciones disponibles para las mujeres y personas gestantes, facilitar que puedan tomar las decisiones en los ambientes menos restrictivos posibles y asegurar un cuidado óptimo de salud, una vez se ha tomado la decisión», apuntó.

Vea:

Asesora del presidente del Senado alega fue despedida por estar en contra de medida sobre el aborto

Medida que restringe acceso al aborto fue devuelta a Comisión de Asuntos de Vida y Familia

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