Detallaron múltiples deficiencias en la propuesta.

La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó al gobernador Pedro Pierluisi que su propuesta de Plan Fiscal tiene múltiples violaciones a la Ley PROMESA por deficiencias que abarcan, entre otras, que no incluye medidas del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) sometido al tribunal de quiebras ni el estímulo federal que el presidente Joseph Biden acaba de convertir en ley.

El detalle está en una carta de 12 páginas que la Junta envió el lunes pasado y en la cual establecen un plazo hasta el 26 de marzo para que el gobierno atienda las deficiencias.

Como se había anticipado cuando Pierluisi presentó su propuesta con fecha del 8 de marzo, una de las violaciones que identifica la Junta es que está contando con un aumento en fondos federales al Medicaid. «[V]amos a decir que este servidor tiene luz verde de parte de la administración del presidente Biden para hacer este reclamo e incluirlo en el plan fiscal”, había dicho el Gobernador. A lo que la Junta contestó que solo puede incluir el financiamiento de legislación vigente, no de promesas. «Esta es una meta loable, sin embargo, la responsabilidad fiscal requiere que el Plan Propuesto solo refleje fondos legislados reales», indicó el ente en su carta.

Mientras, por un lado, incluye fondos que todavía no están legislados, por el otro, no incluyó los que sí están legislados. «[I]ncluya los efectos económicos y fiscales del paquete de estímulo y estos programas de crédito contributivo», dijeron sobre el American Rescue Plan Act que se convirtió en ley tres días después de que el Gobernador hizo su propuesta. Los estimados son que el paquete de estímulo representa unos $12,000 millones para Puerto Rico.

La omisión relacionada al PAD es en el campo de las pensiones, donde Pierluisi no incluyó las reformas que mandata el ajuste, como la reducción de pagos mensuales y el congelamiento de beneficios. La directriz aquí es que las incluya, sin discusión.

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La Junta también indicó a Pierluisi que:

-Le ordena reinstalar los pagos de los municipios para el Medicaid, las reducciones de las aportaciones del gobierno central a los municipios y las reducciones al subsidio público a la Universidad de Puerto Rico.

-Reinstalar el plan de consolidación de agencias y la congelación de plazas.

-Proveer detalles de cómo se van a lograr los objetivos de la Oficina del Principal Oficial Financiero, posición a la que recientemente designó al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

-Se le pidieron explicaciones de por qué busca comprar pólizas de seguro paramétricas contra desastre que costarían $82 millones anuales y aumentarían con la inflación. Este tipo de póliza tiene como característica que se activan cuando ocurren ciertos eventos específicos como la medida de intensidad de un terremoto o de velocidad de vientos. Su ventaja es que el desembolso ocurre más rápido pero su desventaja es que la compensación es fija y no se basa en los daños reales.

-Se le cuestiona la forma en que proyecta la entrada en la economía de $26,500 millones en fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) entre 2021 y 2025, a la luz de que esas proyecciones de desembolso no se han materializado en el pasado.

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-No se incluyó «suficiente información» sobre el efecto neto que el encierro por COVID-19 tiene en la economía y cómo se palia con los fondos federales de estímulo.

-En un tema cuya discusión está al rojo vivo, le piden un informe de progreso sobre la ejecución del contrato con LUMA Energy, así como particularizar las formas en que la propia Junta y el Negociado de Energía incidirán en la regulación del sector energético. En vistas camerales sobre el contrato, ningún funcionario de la AEE o el gobierno ha podido dar detalles precisos sobre la transición hacia la entrada formal de LUMA a la AEE el 1 de junio.

-Le mandatan restaurar la sección del Plan relativa a transportación pública, teniendo en consideración las recomendaciones recientes del ente fiscal al respecto.

-Tiene que explicar cómo se va a manejar la culminación del impuesto a las empresas foráneas bajo la Ley 154 y cómo se afectará con las regulaciones nuevas propuestas por el Tesoro federal.

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Igual que sucedió con las propuestas de Plan Fiscal del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la JCF también dijo a Pierluisi que tiene que eliminar las referencias al «status político de Puerto Rico». Por ejemplo, se incluyó un recorte de 20% en los impuestos a individuos y corporaciones como un «movimiento a la paridad de la estadidad».

Para ver la carta de la Junta, pulse aquí.