El Departamento del Tesoro federal podría adoptar una regla de tratamiento de ciertos ingresos de empresas foráneas que representan $2,000 millones anuales en el presupuesto de PR.

El Departamento de Hacienda sometió el martes sus comentarios al nuevo reglamento del Departamento del Tesoro federal que puede dar al traste con la Ley 154 que, desde el 2011, le ha dado una inyección de $2,000 millones anuales al presupuesto del gobierno mediante un arbitrio especial sobre ciertas transacciones de corporaciones foráneas.

El arbitrio de la Ley 154 se convirtió en ley en 2010 y expira en el 2026. A pesar de esa fecha de expiración en apenas cinco años, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado una propuesta contributiva o de estrategia de desarrollo económico que represente una sustitución para el arbitrio del 2027 en adelante. Desde su creación, ha representado consistentemente alrededor del 20% de los recaudos del gobierno.

La Ley 154 impone un arbitrio de 4% sobre ciertas compras que hacen corporaciones foráneas ubicadas en Puerto Rico. Hay 40 empresas a las que les aplica, pero tan solo 10 de ellas son responsables del 75%, o unos $1,500 millones. Los decretos contributivos con las distintas empresas son el instrumento para implementar el arbitrio y estos tienen vigencia de entre 10 a 15 años. Las empresas pagan el arbitrio a Puerto Rico y lo reclaman como un crédito en sus contribuciones federales. En la práctica, el efecto del reglamento propuesto sería no reconocer ese crédito lo que hace que el arbitrio se convierta en un costo de hacer negocios en la isla y puede llevar a que concluyan que, junto a otros costos como la energía eléctrica e infraestructura, no les es rentable mantener sus operaciones en Puerto Rico. El cierre, o la reducción de su actividad aquí, sería el resultado de ese cálculo.

Ante esto, el esfuerzo inmediato de Hacienda está dirigido a atender la propuesta de reglamento federal que puede terminar con la efectividad del arbitrio como mecanismo de recaudo. La respuesta del departamento en su comentario al reglamento fue en dos vías: a) que se le deben incluir cambios para aclarar que no aplica a las empresas en Puerto Rico o, si no se consiguen las aclaraciones, b) que el Tesoro conceda un periodo de gracia de tres años desde que el reglamento se convierta en final. Ese periodo de gracia puede posponer el impacto del reglamento hasta una fecha cercana al límite de la Ley 154 en 2026.

“Lo que le conviene a Puerto Rico es certeza (sobre qué es lo que va a aplicar)”, dijo el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, en una llamada de conferencia sobre las recomendaciones. El funcionario explicó que se han modelado escenarios de cómo recuperar los $2,000 millones de parte del mismo grupo de empresas, pero aplicando otros mecanismos contributivos. Sin embargo, admitió que los modelos no llegan a una sustitución completa de los $2,000 millones. “Al final del día, lo más importante es tener un panorama de certeza de cara al futuro de cómo interactúa el código (contributivo) de Puerto Rico con el (código) federal”, subrayó Parés Alicea al tocar un punto más profundo que va más allá del reglamento y que aparece ampliado en el documento formal de Hacienda, sobre las vueltas interpretativas que hay que hacer para lograr que el aparato federal entienda, y respete, que Puerto Rico tiene un sistema contributivo propio, aunque esté dentro del sistema de los Estados Unidos.

Según Parés Alicea, Puerto Rico es víctima de los intentos del Tesoro de atajar el abuso de lo que se ha conocido como los “impuestos digitales” que empresas estadounidenses pagan en otras jurisdicciones, en detrimento del fisco federal. Por esto, parte del esfuerzo es convencer al Tesoro que, aunque los mecanismos contributivos se parecen, la isla no es un “gobierno extranjero”. “Puerto Rico no es el foco de atención (del reglamento propuesto)”, afirmó.

“Los países extranjeros que imponen a empresas estadounidenses impuestos sobre bienes digitales son realmente extranjeros y los impuestos que recaudan van a tesoros extranjeros para apoyar programas gubernamentales extranjeros. Los Estados Unidos no se benefician de la imposición de estas contribuciones y no contribuyen a mejorar el Gobierno de los Estados Unidos o las vidas de americanos. Entendemos plenamente por qué el Gobierno de los Estados Unidos no querría subsidiar estos impuestos o fomentar que los gobiernos extranjeros los impongan”, dice la carta de Hacienda al Tesoro.

“En contraste, la contribución de la Ley 154 la impone un gobierno americano territorial para el propósito de apoyar operaciones gubernamentales que benefician a ciudadanos americanos. En términos prácticos, estos impuestos tienen el mismo impacto económico que las contribuciones impuestas por cualquier gobierno estadounidense estatal o local. El impacto de las reglas propuestas, si el Tesoro concluye que en efecto aplica técnicamente a Puerto Rico, sería privar a un territorio americano de casi un cuarta parte de su presupuesto, provocando potencialmente que compañías estadounidenses abandonen Puerto Rico causando un alza dramática en desempleo y otras formas de daño económico en un territorio de los Estados Unidos que ha sufrido de una recesión económica larga y de un huracán masivo que atrasó su recuperación económica”, añade el documento que atribuye 78,000 empleos directos e indirectos a las empresas que pagan el arbitrio de Ley 154.

Además del reglamento propuesto, la aplicación de la Ley 154 enfrenta un empuje de la Junta de Control Fiscal para que el gobierno produzca alternativas a esa tributación. Hacienda está haciendo modificaciones a una propuesta que busca que el impuesto pueda aplicar no solamente a los bienes que se manufacturan en la isla sino también cuando aquí se hace solo una parte de ese bien. Esto debe abrir la posibilidad de que aumenten las líneas de producción que se pueden instalar en Puerto Rico, dijo el funcionario.

Parés Alicea apuntó también que solicitó una reunión a la nueva jefa del Tesoro, Janet Yellen, para explicarle “la importancia de la manufactura en la isla”.

El reglamento propuesto está abierto para comentarios hasta el 11 de febrero y luego el Tesoro tomaría su determinación. Parés Alicea indicó que los comentarios que ha visto hasta ahora no atienden directamente los efectos sobre Puerto Rico y piden que sea el Congreso el que haga legislativamente las determinaciones que el Tesoro pretende hacer administrativamente.

Para ver la carta de Hacienda, pulse aquí.