La abogada canonista Joanne Rodríguez Veve no descartó tomar la ruta legal si el análisis concluye que el Ejecutivo usurpó las facultades del Legislativo.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, evalúa las órdenes ejecutivas vigentes para determinar si inciden en sus poderes legislativos.

No ha culminado ese análisis, pero sobre la mesa se encuentra la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar alguna directriz que usurpe sus facultades.

“Voy a evaluar todas las órdenes ejecutivas. Las que está emitiendo el Gobernador y las que se han emitido en el pasado cercano y están vigentes”, apuntó Rodríguez Veve.

“Todo aquello que yo entienda que infringe en mis facultades legislativas se tendrá que cuestionar en su momento, así que se le comunicará al país en su momento, de ese ser el caso”, agregó.

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Desde que asumió el poder el pasado 2 de enero, Pierluisi Urrutia ha emitido 13 órdenes ejecutivas. Durante la breve gestión de la gobernadora Wanda Vázquez Garced algunos abogados y analistas plantearon que gobernaba por decreto y que algunas de sus órdenes ejecutivas usurpaban facultades de la Legislatura.

“Son asuntos que ciertamente son preocupantes y que deben ser analizados por la Asamblea Legislativa. No podemos acostumbrarnos a que los asuntos de prioridad se le deleguen al Ejecutivo para que implemente política pública mediante la aprobación de órdenes ejecutivas y mucho menos podemos delegar nuestras funciones al Ejecutivo y hacernos de la vista larga”, apuntó.

“Hay asuntos que no corresponden trabajarse desde órdenes ejecutivas y que le corresponde a la Asamblea Legislativa realmente ser la que atienda esos asuntos. Así que no puedo decir que siempre. No puedo darte una respuesta que sea absoluta porque ciertamente el Gobernador tiene espacio para emitir órdenes ejecutivas. Lo que hay que hacer es evaluar cada una de esas órdenes para asegurarnos que no se estén usurpando podemos que no le corresponden o que no estemos delegando como cuerpo poderes que no tenemos que delegar y que debemos ser responsables de asumir”, agregó.

Las expresiones de la senadora ocurrieron esta semana en entrevista con NotiCel para conversar sobre la declaración de estado de emergencia por violencia de género, que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia emitió el pasado 24 de enero. Tres días antes, el tema de la violencia contra las mujeres generó un debate parlamentario en el Senado. Rodríguez Veve objetó -sin éxito- la aprobación de una resolución que solicitaba al Mandatario declarar un estado de emergencia luego que el marido Angie Noemí González Santos confesó que asesinó a la mujer.

“Mi posición continúa siendo la misma. Entiendo que el estado de emergencia que declaró el Gobernador debió haber sido un estado de emergencia, que atendiese las diferentes expresiones de violencia, no para atenderlas todas de la misma forma sino para atenderlas todas de sus respectivas particularidades. Es decir, yo hice un llamado a que se declarara un estado de emergencia inclusivo. El Gobernador tomó otro rumbo”, apuntó Rodríguez Veve.

Un día después de decretar el estado de emergencia, Pierluisi Urrutia explicó que tomó la decisión conmovido por el alto número de feminicidios ocurridos en el país. Abogó también por una sociedad libre de machismo y prejuicios, donde las mujeres pudieran vivir en paz.

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“Me parece importante mencionar que el 29 de diciembre la licenciada y representante Lisie Burgos Muñiz y yo nos reunimos con el Gobernador. En esa conversación personal, le expusimos nuestro planteamiento. Le entregamos literatura, es decir, documentos sobre diferentes propuestas que han sido efectivas en otras jurisdicciones para atender el problema de la violencia comunitaria, la violencia intrafamiliar”, indicó Rodríguez Veve.

“Le entregamos literatura sobre el perfil de la violencia en Puerto Rico y le entregamos una carta que estaba firmada por un grupo nutrido, sustancial de profesionales de diferentes trasfondos, de asociaciones y organizaciones y además de más de 200 líderes religiosos, que representan aproximadamente 400,000 puertorriqueños. En esa carta, le planteamos tres solicitudes principales», agregó.

Los tres peticiones eran: que declarara un estado de emergencia inclusivo para atender el problema de la violencia hacia las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos; que implementara medidas efectivas para combatir la violencia y que las medidas adoptadas estuvieran libres de la ideología de género.

«¿Para qué? Para no desviar la atención precisamente en discusiones estériles sobre creencias subjetivas y planteamientos ideológicos sino que nos concentráramos realmente en respuestas ejecutables, viables y efectivas respetando la libertad de creencias, filosofías de vida, de religión, de ideología de todos los ciudadanos», dijo Rodríguez Veve.

Al abordar el tema de la orden ejecutiva, el Gobernador señaló que utilizó la palabra violencia de género en la directriz precisamente para recoger la multiplicidad de formas de violencia y para abarcar a todas las personas independiente de su identidad sexual.

“Habría que preguntarle al propio Gobernador a qué se refiere con el concepto género. Cuando dice violencia de género, se refiere a violencia hacia las mujeres, lo está utilizando como sinónimo de mujer o lo está utilizando como una categoría subjetiva que implica cualquier identidad sexual con la que se pueda auto-definir un ser humano. Esas son las preguntas que hay que hacerle a él y él es el que debe explicarle al país como está utilizando esa terminología”, respondió a preguntas de ese medio digital sobre el uso de la categoría género en la orden.