Las autoridades federales investigan a varios legisladores y funcionarios públicos por un alegado esquema de empleados fantasmas.

Un mes después de que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaran su apartamento en Río Grande, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier Laureano cuenta con representación legal.

Se trata de la licenciada Sonia Torres Pabón, una conocida abogada y exfiscal federal. Torres Pabón no representa a Orlando Montes Rivera, esposo de la representante y ex director asociado de la Oficina de Planificación de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Fuentes de NotiCel también confirmaron que el licenciado Juan Matos de Juan, otro conocido abogado del foro federal, representa al alcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado Montalvo y a su esposa Roxanna Sifre Maldonado, quien ocupaba un puesto de confianza como ayudante especial en el CFSE, pero laboraba en destaque en la oficina de la legisladora en el Capitolio.

Pese a que Charbonier Laureano ha indicado que no es eje de una investigación federal, los agentes entrevistaron a la representante y a su esposo como parte de la intervención ocurrida en su residencia el pasado 15 de julio. Luego incautaron los teléfonos celulares de ambos. También ocuparon dos iPads. Ese día, la legisladora indicó en rueda de prensa que los agentes indagaron sobre “procesos administrativos” de la Cámara de Representantes.

Al día siguiente, agentes del FBI acudieron a la Oficina del Contralor Electoral y requirieron copias certificadas de todos sus informes de ingresos y gastos. Ese 16 de julio, el CFSE despidió a Sifre Maldonado y a Montes Rivera.

Sifre Maldonado laboraba en la agencia como ayudante especial desde el 20 de marzo de 2017, pero el 15 de agosto de ese año, pasó en destaque a la oficina de Charbonier Laureano. El esposo de la legisladora fungía como director de planificación desde 13 de febrero de 2017.

El pasado 28 de julio, Charbonier Laureano dejó la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara baja luego que el Tribunal Supremo la suspenció del ejercicio de la notaría durante un periodo de seis meses por violar varios cánones de ética.

En las últimas semanas, el FBI ha estado muy activo.

El 27 de julio, agentes federales allanaron la residencia del legislador Nelson Del Valle en Toa Alta, donde ocuparon su celular. La semana pasada agentes del FBI también llegaron a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez Núñez, para requerir información sobre una investigación en curso.

Esta semana, el abogado y exfiscal Osvaldo Carlo señaló que las acciones recientes de las autoridades federales dejan entrever que realizarán arrestos pronto.

Las autoridades federales investigan a varios legisladores y funcionarios públicos por un alegado esquema de empleados fantasmas, que consiste de mantener a empleados en la nómina de la Legislatura sin que realicen tareas en el lugar o colocar personas cercanas a un político en la empresa de un tercero contratado por el político, y por la práctica de contratar empleados con altos salarios para que exigirle que devuelvan una porción de esa remuneración.