La investigación pasó de una etapa secreta a una etapa pública, lo que evidencia que el proceso investigativo se encuentra adelantado, según el exfiscal federal Osvaldo Carlo.

Por su manera de actuar en la investigación de los empleados fantasma, el abogado Osvaldo Carlo anticipó que las autoridades federales se disponen a realizar arrestos pronto, incluso podrían ocurrir antes del fin de semana.

El también exfiscal federal explicó durante su participación en NotiCel Investiga que la pesquisa pasó de una fase oculta, donde las acciones de los agentes federales pasaban inadvertidas, a una fase donde sus acciones quedan expuestas al ojo público, lo que evidencia que el proceso investigativo se encuentra adelantado y cerca de la presentación de cargos.

“Es una investigación que ya pasó la etapa secreta, que es cuando los agentes están haciendo sus movidas tras bastidores, a una etapa que es pública donde los agentes están visitando legisladores, están buscando documentación. La prensa los ve salir. No hacen nada por hacer esto en secreto”, apuntó el veterano abogado.

“Todo el mundo sabe que hay un Gran Jurado, que está corriendo. Se sabe que han ido a testificar personas ante un Gran Jurado, o sea que en teoría esa acusación podría bajar en cualquier momento, incluso antes de la primaria del domingo”, agregó.

El 15 de julio pasado, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) allanaron la residencia en Río Grande de la legisladora penepé María Milagros Charbonier Laureano, donde ocuparon su celular y el celular de su esposo Orlando Montes Rivera. También ocuparon dos tablets.

Una semana y media después, allanaron la residencia del legislador Nelson Del Valle en Toa Alta, donde ocuparon su celular. La semana pasada agentes del FBI también llegaron a la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez Núñez, para requerir información sobre una investigación en curso.

Al mismo, tiempo trascendieron informes de prensa confirmando que un Gran Jurado sesionaba relacionado a una pesquisa de un legislador involucrado en un alegado esquema de soborno o comisión clandestina de un empleado de su oficina.

La amplia circulación de información y las acciones aparentemente calculadas de las autoridades federales también forman parte de una estrategia, a juicio de Carlo.

“Usualmente hay acusaciones que tienen que ver con las reacciones de las personas una vez esas personas se enteran que son acusados. Hay personas que su reacción es comunicarse con otras para tratar de convencerlos de que no testifiquen, (para) tratar de que cambien la versión de los hechos, esconder documentos y desaparecerlos”, apuntó.

Señaló que este tipo de reacciones constituyen actos criminales, que podrían sumarse a los cargos que eventualmente podrían radicarse en contra de esa persona objeto de la investigación.

Las autoridades federales investigan a varios legisladores por un alegado esquema de empleados fantasmas, que consiste de mantener a empleados en la nómina de la Legislatura sin que realicen tareas en el lugar o colocar personas cercanas a un político en la empresa de un tercero contratado por el político, y por la práctica de contratar empleados con altos salarios para que exigirle que devuelvan una porción de esa remuneración.