El asesor económico del presidente Donald Trump, Peter Navarro, aseguró que Puerto Rico está listo para retomar su sitial en la cadena de suministros farmacéuticos.

Mientras que en Puerto Rico se ha discutido el retorno de la producción farmacéutica desde líneas partidistas, en Estados Unidos impera la visión de utilizar la Isla como un vehículo para competir con potencias como China en la elaboración de estos productos, lo que a su vez beneficiaría al territorio mediante el desarrollo económico.

Los argumentos a favor y en contra de la producción farmacéutica en la Isla resurgieron en plena pandemia del coronavirus debido a la escasez de medicinas y equipo médico, así como el control casi absoluto de China de ingredientes necesarios para muchos de los medicamentos o los antibióticos.

El asesor económico del presidente Donald Trump, Peter Navarro, aseguró que Puerto Rico está listo para retomar su sitial en la cadena de suministros farmacéuticos. En entrevista con el Washington Examiner, Navarro señaló que el COVID-19 había demostrado que la necesidad de producción de medicinas en los Estados Unidos no es solo un asunto de salud pública, sino de seguridad nacional y de seguridad económica.

“Si piensas en cómo está organizada la economía puertorriqueña, hay más de 100 parques empresariales alrededor de la Isla donde estas instalaciones podrían florecer. Eso es algo que Capitol Hill podría ayudar a facilitar con un poco de atención en la siguiente fase. Puerto Rico tuvo una próspera industria farmacéutica, pero el Congreso casi puso fin a eso”, expresó Navarro, quien insistió que esta movida debe surgir tan pronto como en el próximo paquete de ayudas para el COVID-19.

Las expresiones de Navarro se hacen eco del H.R. 6648 de la congresista demócrata Stacey Plaskett, así como el H.R. 6690 del congresista republicano Chip Roy y coauspiciado por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, cuyo fin es similar.

Ambas consisten de una enmienda al Código de Rentas Internas federal del 1986, aunque la propuesta de Roy y González Colón se basa en proveer incentivos para reubicar la fabricación de productos farmacéuticos, suministros y dispositivos médicos a los Estados Unidos.

La medida radicada por Plaskett, por su parte, intenta excluir de impuestos los ingresos relacionados con la conducta activa de un comercio o de un negocio, que de por sí tienen que cumplir con ciertos criterios para cualificar.

Las propuestas son nuevas y modificadas versiones de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que ofrecía beneficios tributarios a la producción en territorios de los Estados Unidos y a la que se asocia con el descenso de la economía una vez fue eliminada.

En la discusión pública en la Isla, las voces favorecedoras del regreso de las 936 han representado al Partido Popular Democrático (PPD), mientras que la oposición se le ha adjudicado a integrantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Es justo si se crean empleos e injusto si no se crean empleos. Hay unos hechos que no están en discusión, como el hecho de que Puerto Rico salió de la crisis del petróleo de los años 70 con las 936. Como también es un hecho que raíz de la eliminación de las 936, se nos llevó a la recesión actual. También es un hecho que se han perdido 40 por ciento de los empleos en manufactura, y que el 50% del Producto Interno Bruto está ligado a la manufactura. Si esos tres son los hechos, no están en controversia. El mundo compite por esas empresas y Puerto Rico tiene que competir por esas empresas”, exclamó el exgobernador popular Alejandro García Padilla.

García Padilla coincidió con una columna de opinión publicada por la exsecretaria del Departamento de Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, quien respaldó la propuesta de la congresista Plaskett como la más viable.

La contadora público autorizada describió que favorece la estadidad, pero entiende que su preferencia por mejorar las condiciones económicas bajo el estado territorial actual no es inconsistente con los esfuerzos para pedir la anexión de Puerto Rico a la nación norteamericana.

“Parte de nuestro problema todo lo reducimos, todo lo simplificamos para que quepa en la angosta puerta de la discusión del estatus. Si no hay desarrollo económico, no hay estadidad, no hay independencia, ni hay Estado Libre Asociado”, argumentó García Padilla.

Dentro del PNP, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que ninguna persona que se declare estadista está favor del “renacimiento de las 936”, porque era inconsistente con la estadidad y convertía a Puerto Rico en un paraíso fiscal.

En esa línea, ese cuerpo legislativo aprobó la Resolución Concurrente del Senado 99 a los fines de rechazar cualquier medida federal o programa con el potencial de convertir a la Isla en un paraíso fiscal federal, con énfasis en el interés en prohibir el trato especial a las empresas de manufactura que operen en Puerto Rico y que dependan de la continuación del estatus de territorio no incorporado, o colonia.