Tras la derogación de la Ley 29.

«Ellos (los municipios) tienen que pagar». Así la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, abordó un nuevo plan que propone para que los ayuntamientos devuelvan al Gobierno de Puerto Rico el dinero que se pagó como resultado de la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, mejor conocida como la Ley 29.

El estatuto, que eximía a los municipios de pagar el plan de retiro (‘Pay as you Go’) y el plan de salud de los jubilados, fue anulado la pasada semana por la jueza que lleva el proceso de quiebras de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

Con la anulación de la ley, llega, a su vez, otra carga para las ya precarias finanzas de los municipios; carga que ayer la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, intentó mermar con una propuesta que incluía cobertura del Gobierno de Puerto Rico a las obligaciones de los ayuntamientos por los próximos dos años.

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«Los municipios son los responsables, no el Gobierno Central», puntualizó Jaresko en una rueda de prensa virtual ofrecida hoy, luego de que se reuniera con los titulares del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Como parte de la reunión, Jaresko informó un plan para concretar el pago de $198 millones de dólares que adeudan los 78 municipios al Gobierno de Puerto Rico como consecuencia de la referida ley. La deuda es la suma de $166 millones pagados por el Gobierno en PayGo y $ 32 millones en costos de atención médica de la Administración de Seguros Salud de Puerto Rico (ASES).

El plan persigue que se completen los pagos de la siguiente manera:

La redistribución de esos $132 millones significa que los 78 municipios adeudan todavía $66 millones. La cifra es global, pues la Junta no desglosó municipio por municipio, la deuda respecto a la Ley 29.

Sin embargo, Jaresko reconoció que pese a que la deuda se mermó considerablemente, los ayuntamientos no están preparados para pagar.

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En esa línea, previo a la anulación de esta ley, el mismo CRIM había radicado su postura ante el tribunal, indicando que de concretarse la revocación de la Ley 29, unos 35 municipios quedarían en bancarrota. Entre los pueblos que se reconocen como los más afectados figuran varios de la zona central de la isla, como: Adjuntas, Villalba, Comerío, Jayuya, Ciales, entre otros.

«Por supuesto, los municipios no pueden pagar $ 66 millones de la noche a la mañana. La Junta… trabajará con los municipios y el CRIM para garantizar que el saldo pendiente para el Gobierno Central sea pagado de manera responsable ”, apuntó al respecto Jaresko.

Ante esa realidad, los restantes $66 millones se pagarán, según identifica el organismo creado mediante la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), de los siguientes fondos:

No obstante, las opciones presentadas componen una solución inmediata a los problemas de los ayuntamientos, más no una solución absoluta o a largo plazo.

«La solución que ofrecemos hoy es solo para el año fiscal 2020», cerró diciendo Jaresko.

Junta propone un fondo para municipios:

Como parte de las medidas propuestas, la JCF propuso crear un mecanismo para facilitar liquidez de los ayuntamientos a corto plazo, en medio de la crisis que supone la pandemia por coronavirus.

Se trata de un fondo de $148 millones ($110 millones en el año fiscal 2020 y $38 millones en el año fiscal 2021) a disposición del CRIM -aunque subvencionado por el Gobierno-, con el propósito de cuadrar el déficit del flujo de fondos con las recaudaciones del impuesto de la propiedad aplazadas debido a la crisis provocada por el COVID- 19; tomando en cuenta que el CRIM otorgó hasta el 29 de mayo de 2020 para realizar sus pagos correspondientes al Segundo Semestre del Año Económico 2019-2020, por concepto de Contribución sobre la Propiedad Inmueble, sin que se les aplique intereses, recargos y penalidades.

«El mencionado fondo estará disponible hasta el 31 de julio de 2020, y en ningún mes el total de retiros puede exceder los $38 millones», agregó Jaresko.