Conoce lo que implica y las críticas.

El acuerdo al que llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) con los bonistas de Obligaciones Generales para reestructurar la deuda podría ahorrar unos años en pago a Puerto Rico pero tambien podría sumirlo en un círculo vicioso que dejaría al Gobierno con pagos insostenibles.

Aunque no hay confirmación oficial del dato, se conoce que dos de los miembros de la Junta, el profesor de Derecho de Quiebras, David Skeel, y la puertorriqueña, funcionaria del gobierno de California, Ana Matosantos, votaron en contra.

‘Debemos asegurarnos de que conseguimos el mejor acuerdo posible para la gente de Puerto Rico y yo quiero estar cómodo de que conseguimos el mejor acuerdo posible. Hay unas cuantas cosas con las que todavía me siento incómodo’, se limitó a contestar Skeel a NotiCel al pedírsele que explicara su oposición al acuerdo.

El pasado domingo, la JCF notificó una propuesta de acuerdo de reestructuración de deuda para los bonos de Obligación General (GO, por sus siglas en ingles). Según indicaron, los tenedores de unos $8 mil millones en bonos respaldan el acuerdo, incluidas las cooperativas de credito puertorriqueñas y los inversores municipales tradicionales.

Si se expresara en lenguaje coloquial, estos acuerdos son un gran desafio de quien pestañea primero. Por un lado, el gobierno, representado por la JCF, quiere reducir la deuda porque no hay recursos para pagarla, por el otro, hay unos bonistas que de seguro no van a recobrar el 100% de sus reclamaciones y que tienen que buscar hasta por debajo de las piedras para lograr estar entre los que reciben algún pago y para que ese pago este de alguna forma garantizado. En ese sentido, este acuerdo puede considerarse ventajoso para los bonistas porque, de aceptarse, se salvan del riesgo de que un tribunal determine que sus reclamaciones no son válidas. Lo que podría ser una deuda incierta y con base legal en controversia, se convierte en una reclamación sólida y con garantía de repago.

Si el Gobierno de Puerto Rico consiguió lo más que podía conseguir en el acuerdo y si los pagos de deuda son sostenibles por la economía de la Isla son algunas de las preguntas fundamentales que genera este acuerdo. En parte en eso se basan las críticas al mismo del analista de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría.

Santamaría explicó que los bonistas de obligaciones generales, que incluyen acreedores de fondos de cobertura, conocidos como ‘buitres’, accedieron a este acuerdo porque anticipan otra posible quiebra ante la insostenibilidad de estos pagos propuesto. Si eso ocurriera, asegura, estos bonistas que aceptaron el propuesto acuerdo se verán en una mejor posición para negociar otro pago, pues ya tendrán prioridad sobre todos los otros bonistas.

No obstante, el propuesto acuerdo ha encontrado cuestionamientos que indican, que no representa una buena movida para el Gobierno de Puerto Rico. Ante las diferencias de criterios, te explicamos tres puntos importantes que incluye la propuesta del ente creado bajo la Ley de Supervisión, Gerencia, y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Un detalle del acuerdo es que, mientras que en una primera versión de septiembre del año pasado solo abarcaba deuda de GO, una deuda menos sólida porque solo la garantiza ‘el credito’ del Gobierno, ahora abarca tambien deuda subordinada atada al pago del Impuesto sobre Ventas y Uso, una deuda que se considera más garantizada por tener una fuente de repago identificada y comprometida. Con lo cual al acuerdo se le añade una deuda que es más difícil de reestructurar.

La Junta alega que incluir bonos de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) es beneficioso porque permite reducir el servicio anual de deuda respaldada por impuestos de $4.2 mil millones a $1.5 mil millones. No obstante, Santamaría señaló que esa reducción tampoco es beneficiosa para el país. Según explicó, como la fuente de repago de COFINA es directamente el IVU, el resultado de este acuerdo significaría una ‘reducción sustancial al recaudo de ese impuesto’, lo que a su vez pone en riesgo las operaciones del Gobierno de Puerto Rico.

‘El Gobierno se pudiese ver en la obligación de recortar presupuesto para varias de sus agencias y entidades…Tienes que ajustar tu gasto y tal y como ya anticipábamos desde Espacios Abiertos el reducir el gasto va a tener un efecto contractivo en la economía’, advirtió.

De hecho, la advertencia del economista aborda tambien una segunda quiebra que sea necesaria en el Gobierno de Puerto Rico si este acuerdo se concreta.

‘No se trata de voluntad de pago, sino de capacidad de pago y de sostenibilidad de la deuda… Puerto Rico necesita el alivio necesario para poder cumplir con los acreedores de buena fe’, expresó a la vez que añadió que la cuantía propuesta de pago sigue siendo ‘sumamente elevada’ a lo que es sostenible para el Gobierno de Puerto Rico.

Según un análisis de Espacios Abiertos, la capacidad de pago de Puerto Rico es de entre $7,200 millones a $14,400 millones, equivalente a un alivio entre 80% y 90% de la deuda de $72,200 millones.

Veamos algunos puntos del acuerdo:

¿Cuál es la reducción de la deuda?

La JCF indica que de $90.4 mil millones en deuda, el acuerdo reduce esa cifra en 56%??????, o lo mismo que a $39.7 mil millones.

¿Cómo enmarca este acuerdo con el anterior, presentado por la Junta en 2019?

Pese a la reducción de la deuda, el presentado acuerdo establece un pago mayor por bono al acuerdo que la Junta contempló en septiembre de 2019. Es decir, con este nuevo acuerdo se pagarán 72.2 centavos por cada dólar, sin embargo, en el preacuerdo que se había discutido en septiembre se indicaba que se evaluaría los bonos emitidos y, de ser inconstitucionales, los bonistas estarían recuperando 60.9 centavos. Mientras, que de no ser invalidados, recuperarían 64.8 centavos. Comparando esas cifras, el nuevo acuerdo establece entonces un pago de 11.3 centavos más para bonos considerados como inconstitucionales, y de 7.4 para bonos que no podrían ser invalidados.

¿Que dice el acuerdo de los pensionados?

El acuerdo indica que ‘el 75% de los pensionados no se verán afectados’. Sin embargo, reafirma que las pensiones mayores a $1,200 tendrán un recorte. Del mismo modo, indica que si el Gobierno de Puerto Rico genera un superávit mayor al estimado por el Plan Fiscal , los jubilados recibirán el 10% del excedente en efectivo adicional. Ese 10%, en cambio, se pagaría hasta el monto que cobraban originalmente los jubilados en sus pensiones previo a ser recortadas.

El propuesto acuerdo indica tambien que de aprobarse, dicha deuda quedaría salda en 10 años menos de lo estimado anteriormente. Es decir, en 20 años, en lugar de 30. Sin embargo, no es que todo el pago de deuda se acaba en 20 años, ya que hay deuda que todavía tiene termino de pago de 30 años.

Pulsa aquí para ver un resumen del acuerdo.