Toman pasos para irse de la Isla.

La Junta de Control Fiscal (JCF), por voz de sus directivos José Carrión III y Natalie Jaresko, anunció que en las próximas semanas presentará su Plan de Ajuste para la deuda de la Isla, una que sobrepasa los $70,000 millones, ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Este paso, además de ser uno de los puntos de enfoque de la tercera reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced, es un paso importante para que la entidad vaya de salida, pese a que solo lleva tres años al mando de las finanzas del país.

‘Estamos locos por acabar con el tema y salir de este tema antipático. Este sería el principio del fin porque entraríamos en temas de rutina con el presupuesto’, expresó Carrión III al salir de la reunión en La Fortaleza.

No obstante, el Plan de Ajuste de Deudas es un documento que somete la JCF al tribunal en el cual detalla los tipos de acreedores y qué cantidad de dinero se separará para cada una de las deudas. Esto, a su vez, encamina la reestructuración de la deuda del gobierno y sus instrumentalidades, según dispone la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).

El Plan, que sería presentado en las ‘próximas semanas’ de acuerdo al Presidente de la entidad, propone reducir en 66% la deuda de la Isla, o lo mismo que disminuir una porción de las obligaciones de $35,000 millones a $12,000 millones.

‘Se somete el plan de ajuste y pasa juicio la jueza Swain y de ahí en adelante procedemos. Tomando en consideración ciertas consideraciones, comenzamos a pagar deuda y eso es lo que hace que concluya la Junta de Supervisión Fiscal. La ley especifica cuatro años de presupuesto balanceado y, para que esté balanceado, tiene que haber un pago de la deuda’, explicó Carrión III.

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El funcionario se mostró dispuesto a acelerar el proceso para que la JCF cumpla su cometido, no obstante, estuvo dispuesto a someterse al proceso de ser confirmado por el Senado de los Estados Unidos, ya que sus nombramientos fueron declarados inconstitucionales y la disputa continúa activa en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

Desde junio pasado el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, anticipó a la jueza Swain que ‘en un mes’ el ente radicaría el documento, pero en julio –en medio de las manifestaciones multitudinarias exigiendo la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares— informó que la entidad necesitaba un tiempo adicional para dar paso a otras negociaciones, ya que el proceso se había retrasado como consecuencia de varios esfuerzos para compilar más datos, explorar la participación de más acreedores y ajustar a la luz de los últimos eventos.

Bienenstock planteó un término adicional de 30 días, que se cumplen esta semana. Sin embargo, Carrión III aludió a que la fecha continuaba en constante cambio.

Por otra parte, Jaresko y Carrión III explicaron que se crearía un fideicomiso para asegurar los cheques de los pensionados y retomaría los recortes únicamente si el gobierno recauda más de lo proyectado. Además, entre sus páginas incluirá la reducción de 8.5% a las pensiones mayores de $1,200 mensuales, según acordado entre la JCF y el Comité Oficial de Retirados. Los directivos añadieron que se crearía un fideicomiso para asegurar los cheques de los pensionados y retomaría los recortes únicamente si el gobierno recauda más de lo proyectado.

Durante el cónclave, la Gobernadora mostró preocupación con el recorte a las pensiones, una de la que los directivos de la JCF se hicieron eco, según Carrión III.

‘Ella expresó preocupación con el tema de las pensiones. Tuvimos una conversación franca. El tema de las pensiones es un tema antipático. Nuestra preocupación es que desafortunadamente el tema de equidad en la bancarrota y el tema de los pensionados siendo no asegurados, estamos tratando todo lo posible para afectarlos lo menos posible para que esas personas no se afecten. Es difícil’, aseguró.