Hay una reclamación federal al respecto.

El alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, quien a principios de año logró eludir una investigación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) ahora enfrenta una demanda federal de cobro por una compañía que proveyó servicios de respuesta días despues del huracán María.

La demanda, a su vez, alega que el municipio interfirió con los planes desarrollados por la compañía contratada al redirigir el centro de ayuda de una escuela abandonada a la casa alcaldía, lo que prolongó tanto el recibo de suministros como la repartición de ayuda a la ciudadanía.

Alega la empresa Disaster Solutions (DS) que proveyeron servicios de logística y recuperación al municipio a base de una propuesta que presentaron el 30 de septiembre del 2017. Sus servicios se extendieron hasta el 12 de octubre, por lo cual contrataron 26 personas locales para llevar a cabo varias tareas identificadas por DS.

Según su página web, DS es una empresa con sede en el estado de Florida y se dedican a desarrollar programas digitales y proveer consultoría en manejo de desastres. Sin embargo, aunque DS expone en la demanda que fueron contratados por el municipio de Santa Isabel, la empresa, ni su identidad alterna -Pathfinders Task Force- aparecen en el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

Junto al liderato municipal, DS radicó varias peticiones de asistencia con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingles) la cual separó $500,000 en reembolsos para Santa Isabel por concepto de costos de respuesta bajo la Categoría B del programa de Asistencia Pública. Mientras que en la escuela superior que la empresa utilizó como centro de comando instalaron internet satelital de alta velocidad para facilitar comunicaciones.

Según la demanda, la relación contractual comenzó a amargarse el 6 de octubre cuando un oficial municipal de alto rango se enteró de personas que la empresa contrató. DS recibió una notificación del municipio ordenando el despido inmediato de todas las personas que contrataron.

‘Al restringir severamente el segundo paso de contrataciones, el oficial de la ciudad interfirió y postergó servicios de emergencia que DS estaba tratando de proveer, según la primera autorización de la ciudad’, señala la parte demandante.

El próximo día, el equipo de DS se reunió con la administración municipal y discutieron la posibilidad de mudar el centro de distribución de ayudas de la alcaldía hasta el Coliseo municipal para facilitar la llegada y entrega, tal como recomendó FEMA. Sin embargo, el mismo oficial que ordenó el despido de empleados ordenó a DS a reubicar su centro de comando a la alcaldía, que tenía menos espacio, y tambien reubicar el sistema de internet a la alcaldía, por lo cual el municipio pagó a DS $3,000.

Posteriormente, el municipio ordenó que se obviaran los planes de FEMA y la Agencia Estatal para el manejo de Emergencias (AEMEAD) para reubicar el punto de recibo de suministros, manteniendolo en la alcaldía, lo que DS señala hizo más difícil esa tarea.

‘En vez de seguir el plan de distribución aprobado, los oficiales de la ciudad eligieron a personal municipal para repartir dos botellas de agua y una pequeña ración de comida – sólo a sobrevivientes que primero obligaron a estacionar en el área limitada cerca de las oficinas municipales y despues caminar hasta los portones de su oficina, que estaban protegidas por barreras, para que solo un chorrito de personas puedan ser servidas’, lee la demanda, que añade que los envejecientes ni los impedidos pudieron hacer esa travesía, por lo que el agua y comidas le fue denegada.

Cancelaron contrato tras reportar condiciones deplorables de egida

Una de las últimas acciones que logró hacer DS fue identificar una egida municipal en necesidad urgente de suministros. La compañía entregó al municipio un reporte alertando sobre las condiciones deplorables en las que vivían los pacientes envejecientes, que carecían de agua, comida, medicina y equipo sanitario.

‘Este descubrimiento llevó al oficial municipal a ordenar inmediatamente el cese de operaciones de DS y a desmovilizar. Los oficiales municipales no explicaron ni trataron de dar a DS una justificación por tan abrupta y temeraria terminación’, señalan los demandantes.

DS facturó al municipio por sus servicios el 22 de octubre, seguido por otra factura enviada el 23 de noviembre. Desde el 10 de enero han cobrado cargos por interes y desde abril intentaron discutir el asunto de falta de pago fuera de la corte con la representación legal de ambos.

Esta demanda se suma a la gama de demandas incoadas, tanto por autoridades públicas como por empresas privadas e incluso organizaciones cívicas, por irregularidades incurridas durante la fase de respuesta del huracán María. Entre ellas figura la demanda de Cabo Rojo contra PowerSecure y Thompson Consulting Services que reclama pago de impuestos no pagados, las demandas incoadas por el estado contra varias aseguradoras por no responder a sus asegurados y la demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) contra el gobierno para revelar data de defunciones registradas meses despues del huracán.