La Legislatura debe involucrarse más

Una verdadera reforma al sistema de justicia juvenil en Puerto Rico requiere reconocer los desafíos socioeconómicos que fomentan la delincuencia para dar con alternativas que puedan no tan solo garantizar la seguridad y bienestar de los menores dentro del sistema penal, sino reducir la posibilidad de que reincidan, fue la conclusión esencial de la primera Conferencia Magistral Microjuris: Juventud y País, celebrada en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

De acuerdo con Amanda Rivera Flores, del Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ), los cambios de política pública deben ir mas allá de lo judicial. Durante su presentación ‘Situación Socioeconómica de la Juventud en P. R.’ Rivera denunció cómo ‘la pobreza y falta de seguridad económica es el reto que tiene nuestra niñez y juventud’ a la vez que insistió en los factores socioeconómicos atados a altos niveles de delincuencia.

Según el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud, herramienta elaborada por el IDJ con la asesoría del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para analizar las condiciones en las que viven los menores en la isla, nos encontramos en la posición 19 con una calificación de ‘D’ al comparar los datos disponibles con los de Estados Unidos.

Entre las estadísticas expuestas por Rivera cabe mencionar que en el 2017 la tasa de pobreza infantil de la isla alcanzó el 58% mientras pueblos como Maricao sufren una tasa de 79%. De igual modo, la abogada apuntó que tenemos ‘altas tasas de escolaridad, pero bajas tasas de aprovechamiento’.

Ante estas estadísticas la abogada especializada en derechos de menores, Athelyn Jimenez Emmanuelli, opinó que ‘los perfiles de jóvenes en conflicto con la ley denotan unas variables socioeconómicas y demográficas que deben ser reconocidas al desarrollar política pública en prevención, control del crimen, e intervención con ellos. Para combatir la delincuencia es necesario evitar que ocurra … No es suficiente la amenaza de castigo; es imprescindible que se ataque el mal en sus raíces’, enfatizó.

No obstante, Jimenez Emmanuelli considera que el enfasis en las variables socioeconómicas tiene que ir de la mano de la salud mental. ‘Debe mirarse todo a traves del crisol de las ciencias cerebrales y los estudios sociales, que nos arrojan mucha luz sobre cómo debemos tratarles’ y enfocarnos ‘hacia el desarrollo del cerebro’, es la clave para diseñar un sistema de justicia juvenil eficaz, comentó. ‘Tratar y evitar los efectos del trauma’ y enfocarnos ‘en la etapa de vulnerabilidad en que se encuentra la niñez y adolescencia’ es imperativo, añadió.

‘Al sistema de menores le pusieron por encima una pinturita para que parezca humano, pero en todo lo esencial tiene los componentes más horribles del sistema de adultos’, opinó por su parte el periodista Benjamín Torres Gotay, moderador de la conferencia. El tambien columnista considera que el estado ‘no tiene la menor idea’ de cómo trabajar con ‘sus sectores más vulnerables’ y el sistema de justicia juvenil debe ser reformado.

Uno de los proyectos aprobados por el Senado para la reforma de la Ley de Menores y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores es el proyecto 489. Algunas de las medidas enmendadas son eliminar la obligación de que el menor sea encadenado para comparecer ante los tribunales, uso excepcional de esposas y prohibir el confinamiento solitario, entre otras.