Tras problemas que continúan.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares fue ambiguo hoy, jueves, al ser cuestionado sobre la problemática que enfrentan los ciudadanos con el sistema de AutoExpreso, particular que se ha discutido por meses públicamente.

La respuesta del Primer Mandatario data de que la situación es ‘inaceptable’, sin embargo, pese a que esta contestación pudiera parecer una clara contra la norma, cuando se le preguntó que pasará con GILA, empresa que administra el sistema de AutoExpreso, este se limitó a decir: ‘estamos viendo cómo vamos a cambiar esto’.

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Particularmente, la respuesta de Rosselló Nevares se asemeja a la que por meses ha sostenido el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, quien pese a que decenas de ciudadanos denuncian diariamente ser víctimas de multas excesivas y hasta que han recargado sus cuentas con dinero y en el próximo peaje se registra que no tienen balance, únicamente sostiene que se está evaluando la operación de GILA.

‘Lo que es imperativo aquí es que el peso caiga sobre ellos (en referencia a GILA), y no sobre el pueblo de Puerto Rico’, expuso consecuentemente Rosselló Nevares sin ofrecer mayor solución.

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Al momento, el Gobierno de Puerto Rico se ha mantenido en la línea de que buscan otro proveedor para este servicio tras una auditoría realizada a GILA. No obstante, pasadas semanas, no se han ofrecido detalles sobre el proceso que catapultará otro administrador para AutoExpreso.

Los problemas comenzaron a salir a la luz pública tras el paso del huracán María hace ya 11 meses, cuando DTOP inició el cobro de peajes retroactivo y los ciudadanos observaron que se cobraron peajes por los que nunca pasaron. Las decenas de denuncias llevaron a que el Primer Mandatario paralizara dicho cobro hace meses, sin embargo, el mismo fue retomado bajo la alegación de que el dinero es necesario para continuar con la operación de la agencia.

Como modo de ‘recuperación’ para los ciudadanos, la Legislatura sometió una medida para bajar las multas por este concepto de $50 a $15. Sin embargo, el propio Rosselló Nevares adelantó el veto de la pieza legislativa por ‘problemas con su lenguaje’ y tras establecer que la misma podría significar otro encontronazo con la Junta de Control Fiscal (JCF). Al momento, la Cámara de Representantes evalúa otra medida con el mismo fin que parece si contar con el aval del Gobernador.