Uno en la Fortaleza y otro en la Cámara

Ángel Santos García y Víctor Cruz Quintero, ambos exfuncionarios de la oficina de Finanzas del municipio de Toa Baja, tenían contratos con el Gobierno de Puerto Rico hasta el pasado 30 de junio para servicios de consultoría en la Oficina del Gobernador y la Cámara de Representantes.

El dúo fue arrestado hoy, jueves, por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en ingles) y enfrenta cargos por malversación de fondos federales en el municipio de Toa Baja.

En el caso de Santos García, su contrato con la Oficina del Gobernador en poder de NotiCel, especifica que los servicios que brindó hasta el pasado 30 de junio eran de consultoría general en asuntos municipales para la Oficina del Gobernador. Para estos servicios, la Fortaleza fijó una compensación de $75 por hora hasta un máximo de 67 horas al mes.

García Santos tambien consignó su afiliación con la avanzada de Ricardo Rosselló Nevares en su cuenta de Twitter. De su cuenta se desprende que desde enero del 2015 estuvo envuelto en las operaciones de campo del entonces precandidato por la Palma, mientras que al presente dedica esa cuenta para compartir artículos, fotos y otros tuits relacionados al actual Gobernador.

Su lealtad al Mandatario tambien se extiende a ser donante. El 16 de marzo del año pasado emitió un donativo de $500 para la fiesta de cumpleaños de Rosselló Nevares en el hotel Ritz Carlton en Isla Verde.

Cruz Quintero tambien fue contratista durante la presente administración, pero en su caso como consultor del representante Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago Guzmán. Sus responsabilidades contractuales giraron alrededor de representar a Santiago Guzmán en actividades de escuelas de su distrito, asistir en la coordinación de actividades, recopilar y someter información solicitada por el representante para los servicios a sus constituyentes, dar seguimiento a tareas asignadas por el legislador y otros servicios que le encomendaran.

Por estos servicios, la Cámara acordó fijar una compensación de $25 por hora hasta un máximo de 80 horas por mes. El contrato estuvo vigente desde el 5 de abril de este año hasta el 30 de junio y tenía un tope de $6,000.

Según el pleito acusatorio, ambos acusados dirigieron las finanzas del municipio de Toa Baja y malversaron $2,538,164.41 del programa de garantías de prestamo de Departamento de Vivienda Federal (HUD por sus siglas en ingles) para inyectarlos al Fondo general del municipio. Cruz Quintero desvió $1,756,701 en fondos federales desde el 1 de julio del 2014 hasta agosto del 2015, mientras que Santos García laboró como director interino de finanzas del municipio desde agosto del 2015 y empleó la misma práctica, desviando $650,000 en fondos federales.

Cruz Quintero, fue blanco de críticas durante la transición hacia la administración del actual alcalde de Toa Baja, Bernardo ‘Betito’ Márquez, por irse de vacaciones en medio de ese proceso sin antes entregar la información sobre las finanzas municipales. Desde ese momento -en diciembre del 2016- el propio Cruz Quintero admitió abiertamente que utilizó fondos del Departamento de Vivienda Federal para pagar la nómina de empleados, acto por el cual ahora enfrenta cargos federales.

Según la jefa de Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez Velez, el componente que ella dirige nunca recurrió a la cooperación de la Cámara, Senado, la Oficina del Gobernador ni cualquier otra agencia estatal por tratarse de un asunto de violación a la ley federal.

Cuestionada por este medio si la intención de Fiscalía fue emitir las acusaciones luego que los contratos de ambos expiraran, Rodríguez Velez rechazó que fuese el caso, insistiendo que fiscalía federal solo se ocupa del marco de ley y orden.

‘No tenemos ninguna asignación que tenga que ver con política y mucho menos, al contrario, nos separamos completamente de eso. Lo que sí tenemos es unas violaciones federales que hemos seguido y hemos acusado en su día, en su momento que ahora la estamos informando’, declaró la jefa de fiscalía federal.

Vea aquí los contratos de ambos acusados, quienes prestaron fianza quedando en libertad: