Mientras las arcas del sistema de retiro del gobierno central se vacían a paso acelerado, el gobierno lanza propuestas a diestra y siniestra para garantizar el cheque que reciben los pensionados, y que en muchos casos no da para sustentar su diario vivir.

Por una parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares promete a esta comunidad que no se quedarán desprovistos y ya cuenta con una estrategia para solventar los sistemas de retiro. En días recientes, sin embargo, ha puesto su mirilla sobre aquellas pensiones ascendientes a $4,000 mensuales – apodadas como pensiones Cadillac – como primeros candidatos para recortes.

En ese sentido, Rosselló Nevares reiteró el miércoles su compromiso con aquellos que reciben pensiones mínimas. ‘En el evento donde tengamos que tener una reducción… pues nosotros vamos a actuar responsablemente, pero no vamos a actuar en contra de los intereses de nuestros sectores más vulnerables. Eso simplemente no es una opción o una estrategia’, dijo el gobernador.

Por otra parte, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, lanzó una advertencia sobre las ramificaciones legales que tendría una reducción a cualquier pensión, por lo que insistió el recorte no debe ser la vía a seguir.

Según Ramos existente un precedente judicial establecido por el Tribunal Supremo en el caso Bayron Toro v. Serra en el que prohíbe al estado quitar, eliminar o trastocar pensiones luego de adquiridas. ‘Si lo hacemos de otra manera podríamos vernos en un litigio que en este momento nos va a consumir dinero y podría contraerse más el propio sistema (de retiro)’.

El presidente de la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico (APGPR), Roberto Aquino, coincidió con la apreciación de la representante en el sentido que las pensiones son a base de unos términos contractuales establecidos en la ley 447, que estableció el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno Central.

‘Tengo que estar en contra de que se le disminuya porque no hay razón para la cual disminuírsela porque eso es un contrato que ya después que está hecho, que se cumplió con las partes y todos los elementos necesarios, decir ahora después de cinco seis años que te la voy a reducir cuando tu presupuestalmente todo el tiempo has contado con ese salario’, sentenció Aquino.

Con este marco legal de trasfondo, Ramos propuso incorporar un sistema en el que aquellos que reciban pensiones más altas se le imponga una aportación al sistema de retiro. Su idea consiste en legislar un mecanismo para crear una aportación de entre 8% y 11% a aquellas pensiones mensuales que asciendan los $6,000 y por un periodo de 7 años.

Sin embargo, la otorgación de pensiones mensuales de cuatro dígitos persistiría, por lo que también sugirió legislar a fin de imponer, a modo proactivo y no retroactivo, una aportación de 20% a aquellos que tengan derecho a más de $6,000 mensuales. ‘Lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer de una manera que no nos traiga un conflicto legal’, señaló en referencia a los precedentes legales existentes.

Pero la idea de establecer aportaciones a las pensiones, para Aquino, sería igual a un recorte a las pensiones y sería contradictorio con su intención de mantenerse dentro los parámetros de la ley. Aun así resaltó que la propuesta pasaría el cedazo judicial si se establece que el pensionado, de manera voluntaria, pueda optar por agravar su cheque a beneficio del sistema de retiro.

‘Si no es voluntario, pues lógicamente le estás haciendo un ajuste automáticamente cuando le impones una cantidad de dinero para que aportes. Es impugnable porque es equivalente a ajustarle la pensión. Ahora si es voluntario para que el sistema continúe trabajando etcétera etcétera, pues podría ser una alternativa’, planteó.

La vicepresidenta cameral indicó que espera reunirse con el gobernador pronto, antes del 28 de febrero – fecha en la que tiene que someter el plan fiscal – para discutir alternativas para no perjudicar los pensionados.

Rosselló Nevares, por su parte, afirmó que ya tiene sus estrategias delineadas para el sistema de retiro y las estaría develando dentro el plan fiscal. La Junta de Control Fiscal exigió al gobierno, en una carta enviada a finales de enero, que hay que encaminar una reforma de pensiones que reduzca por 10% el gasto de manera progresiva.