Con la frase ‘Como diría La Lupe, pero ¿que te pedí? Y te contesto: una PROMESA’, inició el panel ‘Negociación Colectiva Ante Promesa’. En lo que sería la primera intervención del profesor Francis Daniel Nina, se profundizó en el trasfondo histórico de la concesión de la isla a Estados Unidos por parte de España para contextualizar la contradicción de hablar sobre sindicalismo en Puerto Rico, puesto que este se asienta en un aparato jurídico inexistente.

‘A partir de ese momento, no solo somos un acto de cesión y le pertenecemos enteramente sino que, más que nada, desde ese momento el congreso de Estados Unidos rige nuestro destino’, comentó.

La primera Ley Orgánica, o Ley Foraker, ‘fue el primer acto de gobierno constitucional que el gobierno de los Estados Unidos estableció para Puerto Rico’, la cual dedicaba sus primeras páginas a la administración de los tributos. ‘En otras palabras, lo primero que tenía esa ley es cuántos chavos íbamos a pagar’, añadió Nina, quien aprovechó para aclarar la analogía con la cantante cubana, e insistió, ‘Pero yo, qué te pedí’.

Evocar aquella realidad transportada y establecer una comparativa con la situación actual podría resumirse en que Puerto Rico ha hecho un viaje en retroceso de 118 años, y ha vuelto a ser el territorio al que nunca se le tuvo la intención de otorgarle soberanía. Durante el periodo de 1946 a 1952, se construyó la ilusión de que el país consolidaba una autonomía llamada Reforma Constitucional, en donde se establecieron unos poderes casi soberanos.

Frente a la actualidad de la Ley PROMESA, el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, licenciado Alejandro Torres Rivera, destacó los aspectos políticos y económicos del estatuto federal y su repercusión en las relaciones laborales.

‘El problema del 4.25 la hora, desde el punto de vista de retribución, es que al que trabaja no se le paga por su trabajo, sino que se le compra su fuerza de trabajo a base de un criterio por hora y eso es lo que uno vende al empleador, pues lo que cambia es desde qué edad se me puede pagar a mí otra cantidad y no el precio de lo que representa esa compraventa en la fuerza de trabajo’, amplió para los estudiantes que se dieron cita en lugar.

Añadió que, como parte de los trabajos de la Junta de Control Fiscal (JCF), los incrementos pautados para enero a los empleados exentos podrían ser congelados hasta que el contralor de los Estados Unidos haga un estudio y determine si estos aumentos tendrían una consecuencia negativa para la economía de Puerto Rico.

El desmantelamiento de las condiciones laborales comenzó para mediados de la década del noventa, cuando se empezaron a aprobar una serie de contrarreformas y se fomentó la privatización. Luego apareció el Programa de los 100 días en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, que propuso la consolidación de agencias públicas. A esto le siguió la Ley 7, aprobada por Luis Fortuño en 2009, dirigida a desmantelar los derechos a la negociación colectiva en el sector público. Por último, la Ley 66, bajo la gobernación actual, ‘es la tercera fase de la Ley 7’, considera el licenciado.

‘Todo esto viene pasando sin PROMESA. Por lo tanto, PROMESA es el último incidente en una cadena larga de situaciones que se han venido dando en Puerto Rico ya casi por más de tres décadas’, concluyó Torres Rivera.

Por su parte, el socio capital del bufete legal McConell Valdes, Alfredo Hopgood, puntualizó que no todo ha sido un proceso en reversa para los convenios colectivos. Hizo mención de los avances en los derechos laborales a los que se han sumado categorías protegidas como la prohibición del discrimen por raza, religión, sexo, embarazo, preferencia sexual, entre muchos otros. Problematizó que algunos convenios representan una sangría para los pequeños comercios, considerando que se le aplican las mismas medidas que a las empresas grandes. También condenó el ausentismo de los empleados en Puerto Rico y la concesión excesiva de licencias, de las que considera imprescindibles las de enfermedad y maternidad, el Fondo del Seguro del Estado y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional.

Hopgood presentó tres modalidades de convenios de corporaciones públicas en los que estaban asegurados 30 días de vacación con paga. ‘Yo no conozco a ningún empleado de la empresa privada con 30 días de vacación con paga; de hecho, los empleados que trabajan por hora, tienen la mitad. En las licencias por enfermedad, los mortales tienen 12 días al año, las vacas sagradas tienen 19 días al año, pero los que no se usen los pueden dejar ahí’, detalló.

La Ley 180 le permite a los empleados públicos acumular los días de vacaciones para los años posteriores. De modo que pueden acumular más de 90 días y ese exceso se tiene que liquidar anualmente. En el 2009, esto representó el desembolso de 115 millones de dólares del fondo de contribuciones.

‘Estas son las cosas que yo considero que hacen que estos convenios colectivos sean una burbuja enajenada de la realidad puertorriqueña, porque tienen derechos y beneficios que no tienen las personas en la calle, los empleados de la empresa privada’, condenó el también abogado.

El foro celebrado el miércoles en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, concluyó con la exposición de José González Freyre, presidente de la empresa Pan American Grain, quien trajo la perspectiva de los comerciantes.

‘Para ustedes que son jóvenes, les quiero recordar que durante la edad de oro de Puerto Rico, los salarios y condiciones de empleo eran determinados por el método establecido por la constitución, la remuneración de los funcionarios públicos se decidía en vistas públicas, no era a cuarto cerrado’, les comentó . Además, se expresó acerca de la medida del salario de $4.25 por hora para menores de 21 años contenido en PROMESA, y exhortó a los jóvenes que no se preocuparan porque ‘aquí somos ciudadanos americanos, los pasajes a Estados Unidos están baratos, el que no consigue empleo aquí se va, es lo que está sucediendo y especialmente cuando te dicen que debes 160 mil dólares por unirte a la fuerza laboral’.