La organización Bonistas del Patio, Inc. rechazó el plan fiscal presentado por el gobierno de Puerto Rico ante los miembros de la Junta de Control Fiscal ya que se basa en aumentar el gasto en un 18% y en tomar ‘medidas’ para reducir solo el 5% neto de ese aumento para el 2017.

‘El gobernador Alejandro García Padilla habló ante la Junta diciendo que no quiere que se imponga austeridad al pueblo, pero la realidad es que su gobierno ya ha impuesto una austeridad sin precedentes a los más de 60,000 bonistas que no cobran sus intereses ni su principal. Ese el dinero de las pensiones de muchos jubilados que vivían de sus ahorros y que ahora están desesperados porque el gobierno les ha dejado de pagar sus bonos’, denunció Jorge Irizarry, director ejecutivo de Bonistas del Patio.

Manifestó que el plan propuesto por el gobierno es cuestionable en principio, debido a su enfoque de aumentar el nivel de gastos al tiempo que propone retener todo pago del servicio de la deuda.

‘Esto destruirá cualquier posibilidad de recuperar el acceso a la financiación de cualquier segmento de los mercados de capitales durante un período prolongado de tiempo. El efecto de esta acción será el de limitar la inversión pública y privada, así como mantener limitada la liquidez en las operaciones del gobierno, y por lo tanto, retrasar cualquier posibilidad de recuperar el crecimiento económico’, dijo Irizarry.

El plan del Gobierno fue presentado el viernes pasado por el Gobernador y otros funcionarios del gobierno a los miembros de la Junta de Control Fiscal designada por el Congreso.

Un análisis de dicho plan hecho por Bonistas del Patio reveló que las medidas de austeridad propuestas pondrían en peligro la recuperación económica, y que tampoco hace ninguna mención del efecto que tiene en la economía tiene el no pagar el servicio de deuda a los bonistas que son residentes de Puerto Rico.

‘El total de la deuda de los puertorriqueños es de más de $1,200 millones al año, y el impago, por lo tanto, representa una reducción del 1.8% al Producto Nacional Bruto. La gran mayoría de los 60,000 bonistas locales son personas que dependen de los pagos de intereses de sus bonos para cubrir los gastos básicos y son igual de vulnerables como cualquier otro segmento de la población ‘, dijo Irizarry.

‘Ahora que esta práctica irresponsable ha pasado a primer plano, el gobierno se propone corregir su negligencia histórica a costa de los tenedores de bonos. Los mismos que durante muchos años han contribuido a financiar la inversión en infraestructura y la prestación de servicios a la población por el dinero que le han prestado al gobierno a través de la compra de bonos. En cambio, ahora utilizarán los fondos que le deben a los bonistas para compensar el flagrante desprecio que han demostrado por la seguridad de jubilación de sus empleados’, añadió Irizarry.

Otra propuesta irrazonable del Plan es que el gobierno de Puerto Rico tendría que financiar sus gastos de atención médica en su totalidad, sin recuperar los fondos federales (Affordable Care Act) que están a punto de expirar en 2019. El Plan supone la pérdida de dicha financiación total de $16,100 millones en el período de 10 años.

El plan proyecta una diferencia total de financiamiento en los próximos 10 años de $58,700 millones, de los cuales el servicio de la deuda representa $35,000 millones, y el exceso de gastos sobre ingresos representa $23,700 millones. ‘Este no es un punto de partida viable para un plan fiscal responsable’, dijo Irizarry.

También acotó que el plan propuesto asigna $11,000 millones para financiar los sistemas de retiro en los próximos 10 años, al tiempo que no ofrece ningún pago del servicio de la deuda. También hay ‘Asignaciones Especiales’ a los sistemas de jubilación por un total de $5,200 millones en el mismo período. Además, con el fin de ‘proteger a los interesados vulnerables’ el Plan asigna $1,200 millones adicionales a la reforma de los sistemas de pensiones, asignando así un total de $17,400 millones a ese elemento, de nuevo al tiempo que propone que pagar ningún servicio de la deuda. El pago real de las prestaciones de jubilación se puede cubrir con un poco más de la mitad de la cantidad propuesta.