Un junte de la Asociación de Bancos, la casa de inversiones UBS y el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) no pudo evitar que el Tribunal de Apelaciones concediera que parte de la investigación de la OCIF sobre UBS es pública y debe entregarse a un grupo de demandantes que incluye clientes de UBS y periodistas.

La decisión de un panel de jueces el 24 de junio, por voz del ponente Erik J. Ramírez, sostuvo una determinación anterior del Tribunal de Primera Instancia en un caso encabezado por el cliente de UBS, Manuel Martínez Umpierre.

La controversia gira sobre la criticada investigación que realizó la OCIF sobre UBS y que constituye la única acción gubernamental que se ha tomado contra la empresa de inversiones por parte de las autoridades de Puerto Rico por la debacle que se produjo en los fondos y que ha producido una sangría en las cuentas de miles de clientes y la reducción de las operaciones de UBS en Puerto Rico.

Esa investigación corrió de octubre de 2013 a junio de 2014 y terminó con una sanción combinada a UBS de unos $5 millones. La crítica vino cuando se supo que, de esos $5 millones, sólo $1.6 millones eran para reponer pérdidas causadas a los clientes de UBS y sólo a los clientes que escogió OCIF. Estos clientes tenían que firmar un relevo de responsabilidad legal para recibir su compensación.

Martínez Umpierre, un cliente de UBS que no se benefició del acuerdo, demandó solicitando acceso a todos los exhibits de la investigación de OCIF, particularmente lo relativo a los corredores de UBS que fueron colocado en vigilancia por sus actuaciones, los informes de los investigadores y las comunicaciones entre UBS y OCIF.

El Tribunal de Primera Instancia examinó los documentos y emitió una sentencia en la que ordenaba la entrega de algunos documentos y protegía otros por entender que tenían información confidencial de terceros o las impresiones mentales de los investigadores de OCIF. De esa determinación apelaron todas las partes, UBS y OCIF por entender que no procedía la divulgación de ninguna documentación, y los clientes y periodistas porque entendían que debía publicarse todo ya que se trata de una investigación que, además, ya está cerrada.

El Apelativo reconoció el derecho de acceso a la información que toda la ciudadanía tiene sobre esos documentos, y determinó que parte del reglamento de OCIF va en contra de ese derecho, pero respaldó a Primera Instancia y emitió la misma determinación mixta sobre acceso.

Los jueces rechazaron la postura de ‘todo o nada’ y determinaron que podían dar paso a la publicidad de una parte de la investigación pero, en balance, dejar otra protegida bajo confidencialidad de forma tal que no se divulgue información sensitiva de terceros ni se afecten los procesos investigativos futuros de la OCIF.

Sentencia del Apelativo en caso Martínez Umpierre v. OCIF – NotiCel_19948