El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, admitió el miercoles que el presupuesto de 9 mil 100 millones de dólares para el próximo año fiscal debe ser ajustado, pues el mismo contemplaba los recaudos que produciría el aumento al impuesto al valor añadido (IVA) entre negocios.

El gobernador Alejandro García Padilla vetó una medida para derogar el aumento al impuesto, pero el Bajo Cuerpo determinó ir por encima del veto, con lo que se mantendría la derogación del aumento, lo que supone menos recaudos. Se espera que el Senado también rechace el veto ejecutivo.

‘No contemplaba que fuese la Legislatura por encima del veto, así que en el camino ahora hay que hacer el ajuste necesario para decir qué partidas se afectan, qué partida se reduce, para entonces ser cónsonos con los 9 mil 100 millones’, dijo Cruz Batista en entrevista radial (NotiUno).

Mientras tanto, el director de OGP aseguró que los recortes que se harán buscan garantizar los servicios esenciales. ‘Estamos garantizando los servicios esenciales y cada agencia quisiera un presupuesto igual o mayor al que tenemos actualmente pero tenemos que ser cónsonos con la realidad de los recaudos’, dijo al detallar que por ley hay que garantizar la salud, seguridad, educación, bienestar social en ese orden.

A pesar que aun falta camino en el Congreso con el proyecto HR 5278 que impondría una Junta de Control Fiscal en la isla, Cruz Batista aseguró que ‘este presupuesto es real, ajustado a la realidad de Puerto Rico hoy desde el punto de vista de los recaudos que tenemos y de las deudas y obligaciones que podemos pagar’.

Precisó que el presupuesto contempla 209 millones de dólares para el pago de deuda e intereses que se pagan del Fondo General, pero específicamente para intereses. ‘Esa cantidad de 209 (millones) incluye los intereses de las deudas que se pagan dentro del Fondo General que son las obligaciones, generales, Edificios Públicos y otras deudas de cantidades menores que tienen las garantías del ELA’, explicó.

Sin embargo, explico que si algún tribunal determinara que el gobierno debe pagar la totalidad de la deuda del Fondo General de cerca de 1,400 millones de dólares, entonces se afectarían los servicios al tener que redistribuir los 9 mil 100 millones del presupuesto entrante para cumplir con esa deuda.

Cruz Bastita indicó que por primera vez en la historia, un ente independiente pasó juicio y validó el estimado del presupuesto entrante. ‘Es bien importante esto porque ellos fueron a través del proceso y nos dijeron: mira este número de 9,100 millones de dólares es razonable. Es un estimado razonable’, expuso.