Con un acuerdo confidencial concluyó hoy la vista convocada por la magistrada federal Silvia Carreño luego de que ayer dejara sin efecto el inicio del juicio contra la Policía de Puerto Rico por el motín ocurrido el 30 de junio de 2010 en el Capitolio.

Los demandantes, Omar Silva Meléndez, guitarrista del grupo de reggae Cultura Profética y Rachel Hiskes, estudiante graduada de la Universidad de Puerto Rico (UPR), lograron concretar un acuerdo con los demandados, entre ellos el exsuperintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, al exsuperintendente asociado, José Rosa Carrasquillo, el excomandante de la Policía en el área de San Juan Miguel Mejías Cruz, el exdirector de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía, Héctor Figueroa Torres y el empleado del Capitolio, José Rohena Sosa, por una suma no revelada.

(Brando Cruz/NotiCel)

El recurso legal sometido indicaba que Hiskes y Silva Méndez solicitaron no menos de $500 mil cada uno por daños compensatorios y $1 millón en daños punitivos.

A su salida de la sala, los demandantes dijeron sentirse satisfechos con el acuerdo.

‘Yo tengo muchas emociones encontradas. El 30 de junio es una herida abierta en el país. Un evento que puede pasar todos los días en cualquier lugar de la Isla. Hoy es un paso para que esas acciones se castiguen. Esto a mi me afecto porque me quitó la tranquilidad de salir a la calle y ejercer mi derecho a la libre expresión’, indicó Hiskes.

‘Yo me sumo a las palabras de Rachel. La razón por la que en primer lugar emprendimos esta acción legal es porque fue muy impactante, intensa e injusta la tarde de ese día y utilizamos nuestros casos específicos para abordar lo que ocurrió esa tarde y estábamos dispuestos de llevarlos hasta las últimas consecuencias’, indicó por su parte Silva Meléndez.

Ambos demandantes aseguraron haber sufrido serios daños emocionales que socavaron la confianza en la Policía como institución social.

Por su parte, Marta Elise González, secretaria auxiliar de litigación civil en el Departamento de Justicia ofreció una declaración ante la Magistrada antes de concluir con la vista.

‘Llegamos a un acuerdo confidencial que termina con el caso de Rachel Hikes y Omar Silva, dos de los ciudadanos que participaron ejerciendo su derecho a la libre expresión y a la reunión pacifica en el capitolio el 30 de junio 2010. Muchos grupos de derechos civiles y organizaciones mencionaron que los eventos de ese día eran evidencia de la necesidad de una reforma para la Policía’, explicó González.

‘Esos eventos crearon los fundamentos y las bases para el acuerdo de una reforma sustentable de la Policía. Desde entonces, la reforma ha incluido protocolos mejorados y establecido protocolos nuevos en cómo se va a ejercer la fuerza y la protección de los derechos civiles de la ciudadanía y además incluye que los policías estén correctamente identificados. Las medidas son para asegurar que los derechos constitucionales estén garantizados para el pueblo de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico se ha esforzado y está firmemente decidida en el esfuerzo de que se cumpla y se lleve a término la reforma de la Policía y que se ponga en práctica para proteger los derechos de los ciudadanos’, añadió.

Los sucesos datan entre abril y junio de 2010, cuando estudiantes de la UPR efectuaron varias protestas ante la decisión de aumentar la cuota de matrícula. El 30 de junio de 2010, efectivos del grupo policiaco Los 100, llegaron al Capitolio temprano en la tarde. Hiskes alegó en su declaración que acudió al Capitolio para observar los trabajos legislativos cuando agentes de Los 100 y de la Unidad de Operaciones Tácticas incurrieron en actos de uso excesivo de la fuerza y el empleado Rohena Sosa roció gas pimienta a Hiskes. La demandante alegó además que fue golpeada de forma violenta en su brazo con una macana en repetidas ocasiones.

De otra parte, Silva Meléndez intentó socorrer a una estudiante agredida cuando fue golpeado en la frente con un objeto contundente lanzado por uno de los agentes de la Uniformada para luego rociarlo con gas pimienta.

El pasado 2 de febrero, la magistrada Carreño instó a ambas partes a llegar a un acuerdo.