Un proyecto de la Administración García Padilla radicado en el Senado persigue levantar la aplicación de una ley que ha estado vigente desde 1976 y que ordena que el gobierno realice pagos mensuales en las reservas que se usan para pagar los bonos de obligación general (GO, por sus siglas en ingles).

El Proyecto del Senado 1434 suspendería, durante el año fiscal 2015-2016, la obligación del gobierno de realizar depósitos mensuales para reservar el pago de principal y de intereses de los bonos GO, salvo que el Secretario de Hacienda logre recibir al menos $1,200 millones en financiamiento de corto plazo, o TRANs. De no hacer los pagos, el gobierno se expone de demandas ya que en pasadas emisiones accedió a acogerse a la jurisdicción de Nueva York.

El proyecto también autorizaría a varias corporaciones públicas a comprar hasta $400 millones en notas de TRANs en un esfuerzo por conseguir efectivo inmediato.

Economistas y otros sectores habían advertido que si el gobierno no salía al mercado a obtener unos $2,900 millones para darle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), cuyo nivel de liquidez está en $777.8 millones, se le haría difícil poder hacer los TRANs, lo cual ocasionaría que el Departamento de Hacienda se quede sin dinero y no se puedan sufragar servicios esenciales a la ciudadanía

La presidenta del BGF, Melba Acosta, había dicho recientemente que se estaba evaluando obtener TRANs por medio de bancos privados y de corporaciones públicas ante la ausencia de las usuales fuentes de liquidez interina del ELA y que, para esto, hacían faltas cambios a la ley.

La medida enmienda la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, la Ley de Beneficio por Incapacidad Temporal y la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, para autorizar que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal y la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles, respectivamente, adquieran TRANs del ELA durante el próximo año fiscal.

Del Fondo vendrían unos $335 millones; del Seguro por Incapacidad unos $15 millones y de la Administración unos $50 millones.

‘Esta Administración considera que esta propuesta legislativa es una alternativa prudente y necesaria para manejar el flujo de efectivo de Hacienda, de modo que se pueda continuar brindando los servicios esenciales, durante la situación fiscal por la que estamos atravesando’, dice la exposición de motivos.

Ambos cuerpos tienen hasta el 25 de junio para aprobar la medida.

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