La directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, confirmó el viernes que su agencia había radicado una querella contra el fiscal Melvin Colón Bonet.

La información, la que divulgó durante una entrevista para NotiUno, surge un día después de que el Departamento de Justicia anunciara que refirió a cuatro fiscales a Ética y además recomendó la asignación de un Fiscal Especial Independiente (OPFEI) para dos de éstos funcionarios.

Los fiscales referidos a la OEG son: Colón Bonet, Enrique Rivera Mendoza, José Virella Santana y Miguel Alameda Ramírez. Colón Bonet ocupa el puesto de fiscal auxiliar en la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, mientras que Rivera Mendoza y Alameda Ramírez se desempeñan como fiscales en la Fiscalía de Bayamón, en la que Virella Santana laboraba en calidad de fiscal de distrito.

Según lo informaron en rueda de prensa el secretario de Justicia, César Miranda, y el Jefe de los Fiscales, José Capó, no se recomendó la asignación de un fiscal especial independiente para Virella Santana y Alameda Ramírez, por no desprenderse de la investigación preliminar que éstos incurrieran en delito grave alguno. Sin embargo, Miranda señaló que en los casos de Colón Bonet y Rivera Mendoza sí se recomendó la asignación de un fiscal especial independiente por entender que pudieron haber incurrido en delito grave.

Según Rosario, la querella sometida por Ética el 3 de junio es por los mismos hechos descritos por Justicia

Los hechos que suscitan los referidos ocurrieron el 11 de febrero de 2015, cuando Jessica Rivera Pacheco, pareja de Colón Bonet, provocó un choque en la carretera 199 en el Municipio de Guaynabo, al manejar en estado de embriaguez.

De acuerdo con los hallazgos de la investigación preliminar realizada por la Oficina del Jefe de los Fiscales, surgió como parte de declaraciones juradas que Colón Bonet intervino en la escena de los hechos, utilizó su puesto de fiscal y se valió de propiedad del Departamento de Justicia para obtener beneficios no permitidos por ley. Entre la conducta que se identifica como constitutiva de delito grave está el expedir desde su computadora propiedad del DJ un subpoena (orden para producir documentos) que luego presentó ante la Policía Municipal de Guaynabo, para obtener los vídeos que mostraban el arresto de Rivera Pacheco.

Posteriormente, el padre de Rivera Pacheco, el fiscal Enrique Rivera Mendoza, según surge de las declaraciones juradas, intervino –en la propia fiscalía de Bayamón en la que labora– durante el proceso de radicación de cargos contra su hija. En este esfuerzo, Rivera Mendoza, conforme se alega, creó las condiciones para que Virella Santana y Alameda Ramírez atendieran el caso de su hija, quienes a su vez pasaron por alto su deber de inhibirse de atender el caso, al tratarse de la hija de un compañero de trabajo.

Al presente, Colón Bonet se encuentra suspendido de empleo, medida cautelar que tomada por el secretario Miranda el pasado 24 de abril. Sobre las medidas disciplinarias a los otros tres fiscales, el titular de Justicia indicó que evaluará prontamente las mismas a la luz de las recomendaciones que reciba de la Oficina de la Inspectora General de la agencia.

Los referidos se producen en virtud de que el Departamento de Justicia no cuenta con jurisdicción para procesar a fiscales, facultad que ha sido delegada en ley a la OPFEI y a la OEG.

‘En el Departamento de Justicia esperamos el más estricto cumplimiento del proceso de administrar las leyes. Cualquier desviación de esa expectativa no puede ser tolerada como parte de nuestra disciplina interna’, acotó Miranda.

Rosario, por su parte, indicó que la investigación de la querella está en etapas iniciales.

‘Si la querella de Justicia apunta a otro tipo de violaciones a nuestra ley, procedería enmendar la querella que ya puso Ética, porque es de los mismos hechos’, indicó a la vez que añadió que ‘cuando presentamos una querella es porque tenemos las pruebas para sostener las alegaciones, tanto testifical como documental’.

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