Las organizaciones feministas que participaron en la vista pública sobre el proyecto de ley para crear la Defensoría de los Derechos Humanos favorecieron hoy miercoles la consolidación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer junto con las otras procuradurías porque la acción no disminuye las competencias de la agencia, ni pone en riesgo los fondos federales que ahora recibe.

‘La fusión de las procuradurías en una entidad que compartiera funciones administrativas, no fue una idea que compartiera totalmente en su origen ante el recelo natural por el temor de la pérdida de autonomía. Sin embargo, al examinar con detenimiento el proyecto de ley, y comprobar que se incluyeron las recomendaciones específicas que hicimos para garantizar la autonomía programática y fiscal de la Defensoría que se crea, respaldo la idea de una Defensoría de Derechos Humanos que integre a las procuradurías existentes, al igual que la actual Comisión de Derechos Civiles’, dijo la exprocuradora de la Mujer, María Dolores Fernós, durante la vista pública.

De igual manera se expresó la portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR), licenciada Eva Prados, quien señaló que los deberes y funciones de la APM no se afectan o disminuyen con lo que sería la nueva defensoría.

‘Apoyamos las funciones y deberes asignados en el proyecto de ley a la Defensoría, la cual adopta los ya contemplados la ley orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y añade herramientas adicionales que permiten a la defensoría adaptarse a los cambios y nuevos retos para el adelanto de todos los derechos humanos de las mujeres’, dijo Prados.

Sin embargo, la procuradora de las mujeres, Wanda Vázquez, única deponente opuesta a la fusión de la OPM en la propuesta Defensoría de Derechos Civiles, aseguró que el proyecto limita el campo de acción de la agencia, tal como está organizada hoy, además de poner en riesgo unos cinco millones de dólares de fondos federales para los cuales la nueva estructura administrativa no sería elegible.

‘Aseguramos que la pretendida eliminación de la OPM generará un impacto incalculable a la precaria situación fiscal del gobierno, el cual no está considerado en el presupuesto y redundará en la perdida de millones de dólares en fondos federales… Esos fondos federales solo se reciben con la existencia de la OPM como agencia del estados’, señaló Vázquez en su ponencia.

No obstante, las representantes de todas las organizaciones feministas que participaron de la vista de la Comisión de Gobierno del Senado recalcaron que las aseveraciones de Vázquez no son ciertas.

Según Prados, del MAMPR, la estructura administrativa de la defensoría no representa limitación alguna a las competencias de la actual OPM, así como tampoco plantea la pérdida de fondos federales.

‘A diferencia de lo planteado por la licenciada Wanda Vázquez, actual Procuradora de las Mujeres, esta nueva estructura no representa mayores complejidades, burocracia innecesaria o barreras de acceso a la justicia y servicios de orientación a las mujeres. Mucho menos implica mayor impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, ni riesgo en las asignaciones de fondos federales’, aseguró Prados.

En lo concerniente a los fondos federales, Prados explicó que ni el gobierno federal, ni la legislación vigente, requieren de una estructura administrativa particular para la asignación de fondos, tales como los distribuidos bajo el ‘Violence Against Women Act’ (VAWA por sus siglas en inglés).