La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) no solo ha sido un refugio para allegados de su administradora y hasta de miembros del gabinete del Gobernador, sino que actualmente la presente administración se ha trazado un plan para seguir utilizándola como fuente para transferir recursos al Fondo General ante la situación fiscal que enfrenta el Gobierno Central y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Este plan queda retratado en el Proyecto de la Cámara 2542,que fue aprobado el martes con enmiendas por la Cámara de Representantes, y que el presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, José Rafael Nadal Power, no prevé escollos para su aprobación.

El P. de la C. 2542, autoriza que tanto la CFSE como al Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal y la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA), adquieran pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRANs, por sus siglas en inglés) por hasta $400 millones para asegurar las operaciones del Gobierno.

La pieza legislativa especifica que la CFSE deberá usar al menos $335 millones durante el próximo año fiscal que comienza en julio, para adquirir TRANs emitidos por el Gobierno e incluyendo este u otros instrumentos emitidos por el BGF. Y el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal debe utilizar al menos $15 millones durante el nuevo año fiscal. Mientras tanto, ACAA tendrá la encomienda de usar al menos $50 millones en el año fiscal 2015-2016.

Además, la Cámara condicionó la suspensión total o parcial de los depósitos mensuales para reservar el pago de principal y de intereses de los bonos de obligación general únicamente si el Departamento no logra hacer uno o más TRANs que le permita levantar al menos $1,200 millones en el agregado o el BGF no obtenga $2,000 millones por medio de una o más transacciones de Bonos de Refinanciamiento.

De igual forma, el Proyecto le ordena al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) crear una reserva de $250 millones, cuyos fondos se levantarán mediante medidas de control presupuestario. Según la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara el objetivo de esta reserva es ‘salvaguardar el flujo de efectivo del Departamento de Hacienda’.

Hay que destacar que aparte de este proyecto radicado por el Ejecutivo, recientemente el gobernador Alejandro García Padilla, firmó la Ley 80 de 2015, que le quitó $100 millones al CFSE.

Además, previo a que el Primer Mandatario firmara esta medida, este diario había reportado sobre las movidas irregulares que se estaban dando en la CFSE en torno a su plantilla de empleados.

En ese entonces, se le pidió a la CFSE que entregara información detallada sobre su nómina de empleados de confianza, pero al día de hoy la agencia no había provisto dichos datos.

La corporación pública solo entregó a finales de mayo una copia de los dos talonarios de pago del mes de abril desembolsado a favor de Diana Suárez Meléndez, quien es hermana del Secretario de la Gobernación. Los talonarios fueron acompañados por una carta emitida por la funcionaria autorizando la entrega de los documentos. Según los talonarios, para el mes de abril Suárez Meléndez cobró $1,310, sin incluir las deducciones correspondientes. Aunque esto evidencia una diferencia de $60 a lo expresado originalmente por la administradora de la CFSE, Liza Estrada Figueroa, la corporación pública nunca aclaró la información.

No obstante, fuentes de este diario proveyeron datos que arrojaron que en la corporación pública hay sobre 30 empleados de confianza, quienes devengan un salario mensual que fluctúa entre los $2,500 a los $12,500.

Se supo que la propia Estrada Figueroa gana $12,500 mensuales, lo que en un año suman unos $150,000.

Además, se tuvo conocimiento que la subadministradora, Guelmarie Vázquez Mestre, tiene un salario mensual es de $9,961, lo que al año alcanzan los $119,532. La funcionaria comenzó a trabajar en el CFSE en enero de 2013.

A su vez, el director ejecutivo del Hospital Industrial, Carlos Cabrera Bonet, recibe un sueldo de $8,410 mensuales, lo que anualmente son unos $100,920. El entonces director del Hospital Oncológico,Dr. Isaac González Martínez, empezó a trabajar en la CFSE en octubre de 2013.

Mientras, el director del Área de Asesoría Jurídica, Luis Ramos Cartagena, devenga un sueldo de $8,410 mensuales, lo que anualmente son unos $100,920. Este comenzó a trabajar en el CFSE en febrero de 2013.

Asimismo, la directora del Área de Finanzas, Sistemas de Información y Asuntos Actuariales, Rebecca Cotto Oyola, obtiene un salario mensual de $8,000, lo que en un año suman $96,000. La excandidata a legislatura municipal de Toa Baja por el Partido Popular Democrático (PPD), empezó a trabajar en el CFSE en marzo de 2013. Para julio de 2014, la Oficina de Ética Gubernamental radicó una querella en su contra por autorizar pagos a favor del exdirector de la ACAA, Hiram Meléndez Rivera, sin tener pruebas de que este hubiera presentado evidencia de gastos.

Por su parte, la directora asociada de Servicios Regionales, Alma Carrión Ramírez, tiene un sueldo mensual de $6,383, lo que al año son $76,596. Carrión Ramírez, quien fuera la directora de Campaña del candidato para la alcaldía de Gurabo en las pasadas elecciones generales, llegó al CFSE en marzo de 2001.

De igual forma, el director Asociado de Finanzas, Christian Bonilla Silva, recibe un sueldo de $6,000 mensuales, que al año son $72,000. Bonilla Silva, quien fue director de Finanzas del Comité Aníbal Gobernador 2008, entró a trabajar en el CFSE en abril de 2013.

Por su parte, el excandidato a la legislatura municipal de Río Grande por el PPD, José Díaz López, devenga un salario de $5,000 mensuales, que al año son $60,000. Díaz López comenzó a trabajar en el CFSE en abril de 2003.

Mientras se cuajaban estos exorbitantes salarios de los empleados de confianza, entre los años fiscales 2010-2011 al 2012-2013, la CFSE registró un déficit operacional de $99,032,396 de acuerdo a información recopilada en una reciente auditoría de la Oficina del Contralor. Reportes periodísticos arrojaron que al cierre del pasado año fiscal tenían un déficit de $12.6 millones.

Sin embargo, en el 2014 la corporación pública tuvo que aportar unos $24.8 millones a la Comisión Industrial, $8 millones al Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, $10.9 millones al Programa de Legislación Laboral a Trabajadores no Unionados, $50,000 a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos, $100,000 a la Junta de Relaciones del Trabajo, $600,000 al Departamento de la Familia, $6,000 para el Acuerdo Transaccional Ponce en Marcha, $22 millones para el pago del refinanciamiento del préstamo de la Ley 249 de 2006 y $40 millones al Fondo de Apoyo Presupuestario 2013-2014.