El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, catalogó como una ‘impericia profesional’ la degradación de los bonos del Gobierno central por parte de la casa acreditadora Fitch Ratings el jueves.

‘La casa acreditadora Fitch tiene que hacer lo que entiende y la legislatura ha hecho y hará lo que tiene que hacer por el bien del pueblo Puerto Rico y de sus finanzas. Me parece una impericia profesional llegar a conclusiones especulativas y sin haber hecho un análisis serio de medidas legislativas bajo evaluación. Si evaluaran así al Congreso de Estados Unidos, la degradación fiscal sería la más baja. Al día de hoy, todas las medidas legislativas aprobadas, y las que están bajo consideración en el Senado de Puerto Rico son responsables con el País y con los acreedores. El Senado tiene que hacer y hará lo que es correcto para Puerto Rico’, sostuvo Bhatia.

Por su parte, al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, la decisión de Fitch le resultó ‘inconcebible’ porque se basó en ‘una especulación sobre propuestas legislativas que aún están bajo análisis, y no en el lenguaje final del proyecto’, dijo.

Añadió que, ‘Fitch crea un problema, nos complica y nos presiona para que actuemos sin concluir el proceso legislativo. Terminaremos nuestra evaluación como la comenzamos, de manera responsable, e incorporaremos las enmiendas necesarias para aprobar una transformación contributiva que beneficie los intereses del pueblo de Puerto Rico y, en especial, a la clase trabajadora y a los pequeños y medianos comerciantes’.

De otro lado, los representantes Manuel Natal, Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos, proponentes de la medida que utilizó como premisa la casa acreditadora, mencionaron Fitch utiliza el crédito de Puerto Rico como un mecanismo de presión.

‘Esta prohibición velada a que todo un Pueblo discuta, a través de su proceso constitucional, cómo encarar nuestro principal problema fiscal es una sin precedente e inaceptable. La censura al debate democrático de alternativas no puede ser condición o exigencia para que una evaluadora de crédito trate favorablemente a un Pueblo. La discusión democrática sobre el bienestar general de los puertorriqueños no puede estar subordinada a las promesas de tratos más favorables por las evaluadoras de crédito’, expresaron en un comunicado conjunto.

Hace dos semanas los representantes presentaron ante la Asamblea Legislativa y el País una propuesta de consulta para enmendar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha enmienda propone crear mecanismos de excepción para que el Pueblo de Puerto Rico pueda renegociar toda o parte de la deuda de las corporaciones públicas y el gobierno central, en la eventualidad de que haya que defenderse de las agresivas gestiones de cobro de nuestros acreedores.