La Alianza para el Desarrollo del Tercer Sector Puertorriqueño alertó el jueves que el Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 16% representa un alza considerable en sus gastos operacionales al tener que pagar el impuesto por servicios que antes no tributaban.

Y es que estarían pagando IVA por los contratos de servicios profesionales de abogados y contables, y los de proveedores, tales como médicos, enfermeras, psicólogos, terapias de habla, entre otros. Además, a través de dicho impuesto el Gobierno se quedaría con 9% de los fondos recaudados por medio de recaudaciones (fundraising), entre ellos galas, banquetes, conciertos, bailes, entre otros.

Según el presidente de la Junta de Directores de la Alianza, Roberto Soto Acosta, el IVA puede ser como un ‘tsunami’ para este sector, pues al ser organizaciones sin fines de lucro no pueden pasar la carga del impuesto a sus clientes. Y en los casos que se pueda cobrar por los servicios brindados, ‘los ingresos serían casi risibles a la luz de nuestros gastos de operación’.

Pero también advierte que, ‘como no pagamos contribuciones sobre ingresos, ninguna de las medidas de alivio, como la eliminación de la Patente Nacional, cambios a la tasas contributivas para las corporaciones, exenciones para los pequeños negocios y ‘regressivity relief’ para las personas de bajos ingresos, no nos va ayudar ni aplicar’.

Ante esto, el IVA provocará una reducción de horarios de servicio o incluso su eliminación. De igual forma, podría llevar al cierre de organizaciones, hacer ajustes en plantilla de empleados, disminución de ingresos, incumplimientos con ciertas fuentes de fondos federales y estatales, entre otros.

Soto Acosta solicitó que se les dé una exención total a las organizaciones.

De hecho, planteó que un mecanismo de reembolso no sería práctico para este sector, por el impacto en el flujo de efectivo o porque hay entidades que ni siquiera cuentan con los recursos para hacerle frente al impuesto.

Por su parte, el director ejecutivo de YMCA de San Juan, Diego Martín, manifestó que, ‘si nosotros estamos exentos del IVU, por derecho adquirido, por qué nos van a cobrar un IVA, cuando el objetivo del IVA es buscar a los evasores? Nosotros, todos los servicios, profesionales y de empleados se pagan con cheque, a diferencia de otros lugares que no son instituciones sin fines de lucro… Y los donativos legislativos nos piden unos reportes para nosotros identificar de donde se incurrieron estos gastos’.

‘Les pedimos con el respeto que se merecen, y con la humildad que nos caracteriza como institución, que consideren la YMCA como una representación de todas estas instituciones sin fines de lucro que nos encargamos de dar el servicio a la comunidad’, agregó.

En otros aspectos, la Asociación de Pensionados del Gobierno de Puerto Rico, AARP, y la Federación de Empleados Gerenciales del Departamento de la Familia, reiteraron su preocupación sobre el efecto del IVA en la población de personas de edad avanzada y retirada. Además, coincidieron en que les causa mucha desconfianza el que se delegue al Departamento de Hacienda el establecimiento de las guías para la otorgación de los prometidos reembolsos, y que dicha agencia se encargue a su vez de los envíos.

Asimismo, tanto la Federación como la Asociación, reclamaron que el Gobierno cumpla con hacer la aportación a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno que fue legislada por medio de la Ley 32 de 2013. De acuerdo al secretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, parte de los recaudos del IVA se usarán para hacer esa aportación.