El Tribunal del Primer Circuito de Boston falló a favor de un corredor de seguros al determinar que tiene derecho a un juicio en su fondo para probar que la pasada administración del Partido Nuevo Progresista discriminó en su contra por ser miembro del Partido Popular Democrático al cancelarle un contrato con el Departamento de Hacienda.

La decisión del Juez Juan Torruella, no obstante, sostuvo una determinación del Tribunal de Distrito Federal en el sentido de que la alegación del corredor de seguros, Manuel A. García González, de que se violentó su derecho propietario sin el debido proceso de ley, se podía decidir por medio de una sentencia sumaria, o sea con el uso de documentos y sin tener que hacer un juicio porque no hay disputas sobre la evidencia.

García González alegó en una demanda que el gobierno, bajo el pasado secretario de Hacienda, Juan C. Puig, le violentó su derecho a la libertad de expresión y asociación así como a su debido proceso de ley en relación al contrato. El Tribunal de Distrito Federal decidió que ambas controversias se podían ver bajo el mecanismo de sentencia sumaria al determinar que no había controversia de hechos. García González apeló.

Los hechos que dieron origen a la demanda se remontan a las dos pasadas administraciones del Partido Popular Democrático. Durante un período de ocho años, desde el 28 de abril de 2001 hasta el 30 de mayo 2009, García, un corredor de seguros autorizado, tuvo un contrato con el Departamento de Hacienda para la adquisición de pólizas de seguros para diversas agencias.

El 1 de octubre de 2008, García firmó un contrato por un año de servicios profesionales con Hacienda para adquirir pólizas de seguro para la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad del Puerto de las Américas, la Administración de Servicios Generales, y el ‘Portal del Futuro’.

De conformidad con el acuerdo firmado por García y Hacienda, el

contrato de servicios profesionales podía ser cancelado por cualquiera de las partes mediante notificación por escrito con 30 días de anticipación.

García González es miembro del PPD.

Varios meses después que el gobernador Luis Fortuño ganara las elecciones del 2008, en una carta fechada el 20 de marzo del

2009, Puig le notificó a García que su contrato de intermediación de seguros, el cual expiraba el 30 de septiembre de 2009, estaba siendo cancelado. La carta también anunció que la oficina del Puig haría una nueva subasta para contratos de corretaje de seguros entre el 25 de marzo 2009, y el 17 de abril de 2009. El 26 de marzo de 2009, Hacienda publicó una Solicitud de Propuestas, que decía, entre otras cosas que la determinación de Hacienda sobre la selección era final y firme.

García presentó su propuesta el 15 de abril de 2009. El 15 de mayo de 2009, Hacienda le notificó que su propuesta fue ‘favorablemente considerada’ para ‘continuar con el proceso de finalización del contrato’.

El contrato que se le daría a García era para la compra de seguros de cinco agencias lo que representaba $450,000 en comisiones.

García procedió a firmar y entregar los documentos de adjudicación pero el

el 28 de mayo de 2009, recibió una carta del Hacienda derogando la notificación y alegando errores. La carta también afirmó que García recibiría una carta corregida de adjudicación que nunca recibió. En cambio, se le entregó un contrato de cuentas diferentes a las que se le habían otorgado originalmente y que le representaban una comisión de sólo $15,000.

García posteriormente demandó y luego de varios procesos, el Tribunal de Distrito, el 27 de septiembre de 2012, le denegó sus pedidos de juicio a fondo. Al explicar su decisión Torruella rechazó que a García se le hubiese privado de un derecho propietario sin el debido proceso de ley al reiterar que ‘un sencillo incumplimiento de contrato no equivale a un inconstitucional privación de la propiedad’.

‘García no identifica ninguna ley de Puerto Rico – ni un solo caso o estatuto – que demuestre que la Notificación de Adjudicación Notificación le dio un interés de propiedad protegida. Debido a que el partes aquí no ejecutaron por escrito un ‘contrato formal que contiene todos los requisitos legales para el desempeño de la trabajo ‘, dice la demanda.

Torruella, no obstante, le otorgó a García el derecho de que se viera en un juicio en su fondo la alegación de que fue víctima de discriminación política.

El juez destacó que García tuvo una relación comercial preexistente

con el ELA y, por lo tanto, está sujeto a las protecciones de la Primera Enmienda contra las represalias por su afiliación política.

Torruella destacó que para probar su caso de discriminación política, García presentó evidencia de que varios contratistas afiliados al PPD también tuvieron sus contratos iniciales de licitación cancelados. Esto a pesar de que los contratistas afiliados al PPD tuvieron mejor puntuación en la subasta que los que tenían relación con el PNP. Por lo tanto, debido a que hay diferencias en cuanto a la evidencia, Torruellas entendió que la controversia tiene que verse con un juicio en su fondo y no por la via de sentencia sumaria.

*Publicado originalmente a las 7:08 p. m.

Decisión de Boston en caso de discrimen político por seguros públicos – NotiCel_8033