Sin mención de cambios en las escoltas de los jueces del Tribunal Supremo, la Rama Judicial enfrenta una orden de reducción de gastos cuyo primer punto en agenda es dejar colgados los programas de acceso a la Justicia tales como las salas especializadas de drogas, de violencia domestica, y el apoyo a los litigantes por derecho propio.

La orden administrativa sobre medidas de control de gastos para el año fiscal 2014-2015 firmada por la jueza presidenta Liana Fiol Matta tiene fecha del 7 de julio pero fue divulgada ayer por la Rama Judicial.

El documento también dispone que se revisen ‘las cantidades cobradas en algunos renglones’ de aranceles, sin mayor especificidad. Algunos de estos cambios requerirían legislación y se refiere a lo que se cobra al público por, entre otros, la presentación de casos y otros servicios de la Rama, la cual también estará buscando legislación que le permita ‘generar fondos propios’.

Sobre los programas de acceso a la Justicia, se van a evaluar ‘de manera que se identifiquen alternativas para su continuidad’, pero advierte que se ‘considerará posponer la expansión de dichos programas en la medida en que no hayan fondos asignados’.

En otra área, y adicional al ya anunciado plan de cierre de algunos tribunales municipales, la Rama renegociará los cánones que paga por arrendamiento para reducirlos en entre 10 y 20 porciento, así como que buscará ‘exigir el pago de arrendamiento por las facilidades de la Rama Judicial que utilizan otras dependencias del Gobierno’.

Similar a las medidas tomadas en el Gobierno central, la Rama eliminará los puestos transitorios, excepto los sufragados con fondos federales, congelará el reclutamiento, limitará el pago de horas extra, y reducirá la acumulación de los días por vacaciones. También,suspenderá el pago de las cuotas y membresías profesionales de sus empleados.

En un comunicado de prensa, la Rama explica que las medidas responden a que la ‘Ley Especial para la Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ dejó sin efecto la ley que creó la fórmula mediante la cual la Rama Judicial recibía su presupuesto, por lo que tribunales recibirá $25.8 millones menos que el presupuesto anterior y $53.9 millones menos de lo que se le hubiera asignado si se hubiera aplicado la fórmula.

En el comunicado, se enfatiza que las medidas se aplican para evitar el despido de personal o reducción de beneficios.

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Orden administrativa sobre medidas de control de gastos para el año fiscal 2014-2015 en la Rama Judicial – NotiCel_7699