El precandidato para la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista, Miguel Romero, tiene al menos tres querellas ante el Comisionado Electoral que le imputan unas siete violaciones a distintas leyes electorales.

Las querellas se centran en que el exsecretario de la Gobernación supuestamente organiza eventos proselitistas para recaudar fondos sin tener un comité de campaña como establece la ley y canaliza sus gastos a través de dos comités de acción política.

Una de las querellas, radicada el 4 de marzo por un ciudadano que se identifica como Alberto Malavé, acusa a Romero de organizar actividades de recaudación de fondos sin tener designado un comité de campaña como establece la ley cuando se gasta o recauda sobre $500.

El documento declara que el Comité Estadistas Unidos de San Juan es un grupo que promueve la campaña de Romero para la alcaldía de San Juan y no un grupo para educar sobre la estadidad.

‘El Sr. Miguel Romero y el Comité Estadistas Unidos de San Juan están actuando de manera deliberada y coordinada, colectan fondos, desarrollan actividades públicas, realizan gastos de campaña y adelantan las aspiraciones de un candidato en franca violación de ley’, dice la querella.

Como prueba, Malavé sometió un desglose de actividades proselitistas, caravanas, visitas a hospitales y almuerzos políticos entre otros que organizó Romero sin tener un comité de campaña. Una de estos eventos fue una actividad de Navidad que tuvo lugar en diciembre a la cual asistieron unas 300 personas y se gastaron $7,825.

Una segunda solicitud de investigación fue radicada el 17 de marzo, que aparenta ser de Malavé, la misma persona que le radicó la querella el 4 de marzo, y que le imputa a Romero las violaciones de omisión de su obligación de designar un comité de campaña, aceptar contribuciones de un comité y de coordinación indebida entre un comité y un aspirante.

La querella le imputa violación al Art. 8.007 por no revelar el auspiciador de sus rótulos de campaña en billboards y paradas de guagua. También lo acusa de violaciones al artículo 7.004 por canalizar sus canalizar sus gastos de campaña a través de dos comités de acción política: Estadistas Unidos de San Juan y el Comité Amigos de Miguel Romero cuando solo puede utilizar un comité.

Según el documento, Israel Vélez Colón, quien fundó el comité a favor de Romero y es su tesorero, funge a su vez como subtesorero para Estadistas Unidos. Mientras que Velmarie Berlingeri, exadministradora de La Fortaleza durante la Administración Fortuño, funge como custodio de los records y cuentas para ambos comités. Bajo la ley electoral ambos comités se consideran uno solo si fueron fundados por las mismas personas.

De otra parte, la querella alega que Romero anuncia en su página de Facebook eventos pagados por ambos comités en violación de leyes que prohíben que se coordinen eventos entre comités de acción políticas y comités de candidatos.

El documento también le imputa violaciones al Artículo 7.011 que prohíbe el uso de tarjetas de crédito para gastos de campaña al alegar que Romero usó tarjetas para comprar ‘likes’ y ‘boosts’ para su página de Facebook. La querella alega que Romero pudo haber incurrido en las violaciones para ir por encima de los límites de campaña y ocultar qué personas que tuvieron relaciones laborales con él mientras trabajaba en el gobierno, están ahora aportando a su campaña. Entre estos se menciona a José Carrión, cuya compañía corre seguros del Estado Libre Asociado y Sara López, una contratista de la Administración de Seguros de Salud.

De otra parte, una tercera querella con el Contralor Electoral fue radicada el 2 de mayo por Sonia González quien participó en reuniones de estrategia y tácticas políticas como miembro del área de comunicaciones para Romero.

González en su querella confirmó que Romero creó dos comités para realzar su imagen y su nivel de reconocimiento. Según la querella, se decidió abrir una página de Facebook. y Romero proveyó información para que Amigos de Miguel Romero y Estadistas Unidos de San Juan concertadamente ‘postearan’ mensajes a su favor.

‘La página de Facebook fue lanzada el 14 de marzo del 2013 y la poca aceptación degeneró ansiedad por promoverla de forma agresiva para impulsar los resultados esperados. A tono con esto, el propio candidato autoriza a las organizaciones Amigos de Miguel Romero y Estadistas Unidos por San Juan a que pagaran mediante el uso de tarjetas de crédito por anuncios publicitarios en las redes sociales relacionadas a la plataforma de Facebook’, dice la querella.

Al igual que las querellas anteriores, González le imputa ilegalidad al no designar un comité de campaña, ilegalidad al aceptar contribuciones de un comité a un aspirante; y coordinar indebidamente gastos entre un comité y un aspirante.