El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingles,) William Ramírez y dos residentes de San Juan radicaron el miercoles un interdicto preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria contra el Municipio de San Juan para que cese y desista del plan de registros o cateos para las actividades de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

En la demanda radicada por la ACLU, y las residentes Melissa Hernández y Jerymar Cabrera, contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, y el comisionado de seguridad, Juan Guillermo Calixto, la ACLU dice que las medidas de seguridad violentan las cláusulas constitucionales que protegen contra registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la intimidad, y el derecho a la libertad de expresión.

El plan de seguridad conlleva el registro de las personas usando paletas electrónicas así como el registro de bolsas y mochilas. El miércoles, el municipio puso vallas en las calles como parte del proceso de instalar los 10 puntos de cotejo.

NotiCel no pudo obtener una reacción inmediata de la Alcaldesa pero en entrevista el martes, Cruz Soto aseguró que las medidas son constitucionales porque no se está tocando a la persona. Destacó que sus medidas son las mismas que se han implementado para las Justas de la Liga Atlética Interuniversitariaen Ponce.

Sin embargo, Ramírez ripostó que eso no es correcto. ‘No es lo mismo restringir la entrada a un grupo de personas a un coliseo que a una ciudad porque las calles son públicas. Aquí el que no quiera ser registrado no va a poder entrar a una ciudad y accesar sus calles que son públicas’, dijo Ramírez, al opinar que lo que se hace en las justas también tiene visos de inconstitucionalidad. ‘Uno debe emular lo que es democrático’, añadió.

Ramírez recordó que el Viejo San Juan no le pertenece a los residentes. ‘El área del Viejo San Juan es un patrimonio cultural que le pertenece a todos’, aclaró. ‘En la ciudad hay parques y hasta un parque federal’, añadió.

Además dijo que hay personas que van a querer entrar a San Juan y no necesariamente para participar en las fiestas.

Ramírez explicó que los policías pueden hacer registros pero tiene que haber motivos fundados o sospecha sobre la comisión de un delito. ‘En este caso, ellos van a registrar a todos para ver si hay trompetillas y alcohol, sin motivos fundados o sospecha…Nosotros tenemos personas que dicen que tienen cosas privadas en sus bolsos’, dijo. ‘El que se niegue al registro no podrá entrar a la ciudad’.

Además, Ramírez dijo que hay personas que tienen botellas de medicamentos en sus carteras y no desearán tener que revelar sus condiciones médicas de ocurrir el caso.

El director de la ACLU reiteró que lleva 30 años yendo a las fiestas pero que no irá este año porque ‘no voy a ceder mis derechos’.

En la demanda, la ACLU alega que las medidas tomadas por el municipio para controlar actividad delictiva son onerosas y que además no se ha hecho público el protocolo de seguridad lo que ‘crea más incertidumbre’.

El caso se le asignó a la juez Giselle Romero, y se espera que el jueves tome algún tipo de decisión.

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