El secretario interino del Departamento de Justicia, un juez de apelaciones retirado, denegó recursos adicionales que la Oficina de la Procuradora General solicitó para atender la demanda de los jueces en contra de las enmiendas a su retiro, en un giro que, según fuentes levanta dudas sobre el vigor con el que el Estado se va a defender de la demanda.

NotiCel solicitó una entrevista con el secretario interino, Rafael Ortiz Carrión, pero éste se limitó a indicar a través de un portavoz que ‘prefiere no hacer comentarios sobre el tema del Sistema de Retiro de la Judicatura en estos momentos, dado que hay un proceso judicial pendiente y no considera apropiado hablar sobre el asunto previo a la vista ya pautada en el Tribunal Supremo’.

Esto, en referencia a la vista oral que el Supremo señaló en el caso para el 15 de enero y para la cual se aprobó el acceso de las cámaras televisivas y fotográficas.

Ortiz Carrión fue nombrado a la judicatura por el exgobernador Rafael Hernández Colón y, durante la vigencia de su nombramiento, sirvió como miembro del Comité Asesor de Tecnología de la Rama Judicial, y como asesor de la Academia Judicial.

Tanto la Rama Judicial como la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura han criticado la ley que ahora está ante los jueces del Supremo. De hecho, la presentación del caso en contra de la ley en representación de los jueces demandantes está a cargo también de exjueces de apelaciones.

Según las fuentes, la solicitud de recursos adicionales de la Procuradora General, Margarita Mercado Echegaray, fue similar a la que se hizo, y se consiguió, ante los retos judiciales levantados contra la reforma del sistema de retiro de los empleados del Gobierno Central.

Mercado, a su vez, una exoficial jurídica de la jueza asociada del Supremo, Anabelle Rodríguez, y la auxiliar de Mercado que le asiste en el caso de los jueces fue oficial jurídico del Juez Presidente, Federico Hernández Denton, quien ha sido vocal en su oposición a la reforma de retiro de la judicatura.

La falta de atención de la Administración García Padilla al sistema de retiro de jueces, mientras se reformaban severamente el de los empleados públicos generales y el de los maestros, ha provocado críticas de los empleados que se afectan con las demás reformas.