Tal y como se había anticipado, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura radicó el lunes una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra del gobierno para que se declare inconstitucional la reciente reforma al Sistema de Retiro de la Judicatura.

El caso fue referido a la jueza Gloria Maynard, quien se inhibió. La demanda entonces fue referida al juez Ángel Pagán del Tribunal de San Juan quien ordenó la consolidación de la misma con una demanda radicada porel juez del Tribunal Apelativo, Germán Brau,la semana pasada que también impugna la reforma del sistema de pensiones de la judicatura.

Horas más tarde, la Asociación radicó una certificación que pedía que se certificara el caso para que lo vea el Tribunal Supremo porque sus jueces no pertenecen a la Asociación y no habría ningún conflicto de interés.

‘Ciertamente, los únicos jueces que están ajenos a esa situación son precisamente los miembros de este Honorable Tribunal Supremo’, dice el pedido de certificación.

En la demanda de seis páginas radicada en la más temprano en el día, la organización está reclamando la vindicación de los daños que sufren o pueden sufrir los miembros de la organización luego de que el gobierno firmara una ley que retroactivamente cambia los beneficios de retiro de los jueces activos en violación a la constitución.

La asociación pide al Tribunal que se use el procedimiento de sentencia declaratoria, o sea que se decida el caso en base a los documentos sometidos. Este proceso, según la demanda, se puede utilizar para impugnar la constitucionalidad de una ley.

El pasado 24 de diciembre, el gobernador convirtió en la ley la reforma del sistema de pensiones de los jueces con enmiendas que le hiciera la Legislatura que reducían los beneficios de los jueces activos. Esto luego de haber llegado a un acuerdo con la rama judicial en el sentido de que los efectos de la reforma al sistema de pensiones se harían de forma prospectiva para los nuevos jueces.

La ley que se impugna ‘resulta ser más gravosa para los miembros de la judicatura’ por cuanto les aumenta la aportación o contribución que estos tienen que hacer para el sistema, aumentándola del 8% de su retribución a 10%, según la demanda.

Además, se reduce la pensión que los jueces habrán de recibir de un 75% de su pensión a 60%.

La demanda no menciona la pérdida de ciertos bonos que actualmente reciben los jueces.

El documento dice que todos los miembros de la Asociación fueron nombrados por el gobernador y verán una merma o reducción en su salario.

‘Esto es un daño claro, patente, inmediato y actual’, dice el documento al alegar que ya la ley entró en vigencia.

Al argumentar que la ley es inconstitucional, la demanda cita la constitución que dice que la Asamblea Legislativa establecerá un sistema de retiro para los jueces con retiro que será obligatorio a los 70 años.

Se cita el caso de García Márquez vs. Gobernador para sostener que el sistema de retiro debe ser uno que garantice la independencia judicial.

‘Vemos como el sistema de retiro se ve inherentemente atado a la independencia que debe tener el poder judicial’, dice el documento.

La demanda declara que la ley de reforma viola la cláusula constitucional de debido proceso de ley porque priva a los jueces de un derecho adquirido garantizado por la constitución. ‘Los derechos adquiridos son intangibles. Por lo tanto ni la Legislatura al promulgar una nueva ley, ni el gobernador mediante una orden ejecutiva, los puede lesionar o ignorar’, dice la demanda.

Los jueces también indican que la nueva ley atenta contra la disposición constitucional que prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales, así como el Articulo VI, Sección 10 de la constitución que dice que ninguna ley prorrogará el término de un funcionario ni disminuirá su sueldo o emolumentos.

La Sección 11 del Artículo VI, de otra parte, expresamente prohíbe que se reduzcan los sueldos de los jueces.

‘Es decir, el aumento a la aportación por si solo constituye un violación clara a la letra de la constitución…’, dice la demanda.

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