Los 68 empleados de la Oficina de la Contralora que primero retaron la Reforma de Retiro pidieron ayer que reconsidere su decisión de constitucionalidad de dicha Reforma por entender que, al decidir, no tomaron en cuenta el efecto diferente que tiene la legislación en los tres tipos de participantes de los Sistemas de Retiro, y porque ni siquiera tomaron en cuenta que ellos no estaban pidiendo que se decretara la inconstitucionalidad de toda la Reforma, sino sólo la parte que les quita su pensión por merito.

El escrito de reconsideración de las abogadas Judith Berkan y Mary Jo Méndez establece que, de los tres tipos de empleado en los Sistema de Retiro (los de Ley 1, los de Ley 447, y los de Reforma 2000), sólo a los empleados de la Contraloría, como participantes bajo la Ley 447, se les arrebata su pensión por mérito.

Los demás tipos de participantes, explicaron, tienen modificaciones a su pensión que no se igualan a quedarse sin pensión por mérito.

‘Para los 68 de la Oficina del Contralor, (y) todos los participantes de la Ley 447, la eliminación de la pensión por mérito representa una merma de entre un 27% y un 60% de ingreso por concepto de su pensión… Lo crucial aquí no es que los 68 van a tener que trabajar unos años adicionales, ni es el aumento en sus aportaciones al plan de retiro. Lo que realmente impacta a los peticionarios es que su anualidad anticipada será dramáticamente reducida’, argumenta a la vez que ofrece evidencia del efecto de esta disposición en un caso real y que sostiene que ese examen caso a caso es el que tuvo que haber hecho el Supremo para hacer el balance entre el interés económico del Estado y el efecto en los demandantes.

‘No es lo mismo un joven que entró al servicio público hace apenas algunos años y un empleado que ha laborado en la Oficina del Contralor por casi tres décadas, sacrificando la posibilidad de obtener empleos con mejor remuneración, precisamente porque depositó su confianza en la promesa que hizo el Gobierno de que iba a disfrutar de un retiro digno’, añaden.

Al enfatizar las posiciones diametralmente opuestas que asumieron la jueza asociada Liana Fiol Matta y el Juez Presidente Federico Hernández Denton, en cuanto a su oposición a darle deferencia a la Legislatura en el caso de la Ley 7 y ahora aceptar la exposición de motivos de la Reforma de Retiro como argumento suficiente a favor de la constitucionalidad de la ley, la reconsideración también apunta a las graves consecuencias que hay para el concepto de separación de poderes.

‘De aquí en adelante, sea cual sea el partido en el poder, la Legislatura tendrá mano libre de instituir cualquier medida económica en tanto y en cuanto exista una crisis financiera en el país. Lo único necesario para avalar una medida de tipo económico sería una amenaza de las casas acreditadoras y una actuación por parte de la Legislatura, independientemente de cuál sea la medida y su impacto particular sobre un grupo limitado de ciudadanos. El Poder Judicial no tendrá poder alguno para determinar la controversia sobre el menoscabo de las relaciones contractuales, porque aceptaría cualquier explicación que ofrezca la Legislatura sobre la necesidad de su acción’, señalaron.

Los policías también piden reconsideración al Supremo

Por su parte, el Sindicato de Policías Puertorriqueños y Conapol presentaron ante el Supremo una Moción de Reconsideración en la que solicitan que se les excluya de la aplicación de la Ley 3 para evitar ‘una crisis de seguridad pública y social sin precedentes’.

Según consta en la moción, presentada por el abogado Iván Crespo Arroyo, si el Tribunal Supremo no reconsidera su decisión en cuanto a los policías, se espera que renuncien aproximadamente 4,000 agentes en los próximos meses. Esto, unido a sobre 3,000 que han renunciado en lo que va de año, significará una merma de más de 7,000 policías, lo que hará imposible poder atender efectivamente los problemas de criminalidad que arropan al país.

En el escrito, Crespo cuestiona cómo el Estado va a proteger la vida de los ciudadanos si no tiene suficientes policías. Plantea además, que la crisis de seguridad que implicará la renuncia de éstos debe ser más importante que la ‘supuesta crisis fiscal’, que alega tener el Estado; y que, por ser un grupo pequeño, excluir a los Policías de la Ley 3 no ocasionaría que degradaran el crédito.