Tras la desestimación de un caso anterior por falta de legitimidad, dos jubilados volvieron a demandar a UBS y a otras casas de corretaje por la perdidosa transacción de las tres emisiones de bonos hechas en el 2008 por $3,000 millones. El nuevo pleito viene despues de que, durante el proceso de votación de la ahora Ley 3 del 2013, el Senado le incluyera una enmiendas para permitir a los empleados públicos y/o jubilados demandar a favor de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR).
En la nueva demanda radicada el martes en el Tribunal de San Juan, a la que se han unido al menos 5 empleados públicos que les afecta la Ley 3 del 2013, se deja claro que es ‘para beneficio del Sistema y de los demandantes individuales identificados más adelante, para recobrar los graves daños sufridos tanto por el Sistema como por dichos demandantes individuales, causados por la conducta crasamente negligente de los codemandados Héctor Mayol Kauffman, UBS, UBS Consulting Services Puerto Rico, Samuel Ramírez y Santander Securities’.
Mayol Kauffman, actual administrador de la ASR, ha sido demandado porque participó en la transacción cuando laboraba como director de Samuel Ramírez, y ‘por las maquinaciones insidiosas y actividades torticeras’, que supuestamente cometió al evitar que los miembros de la Junta de Síndicos supieran de los requerimientos de la primera demanda y del contenido del informe Conway Mackenzie, que estableció que las transacciones fueron riesgosas y especulativas y que los entes fiduciarios del Sistema y de Banco Gubernamental de Fomento fallaron en su responsabilidad al permitirla.
El propio funcionario, al ser confrontado por NotiCel sobre su participación en la transacción, había admitido haber comprado parte de los bonos, lo que igualmente queda constatado en la demanda.
Pese al evidente conflicto de interés, el gobernador Alejandro García Padilla ha sido evasivo sobre pedirle la renuncia al funcionario que entró a dirigir a la ASR desde la pasada administración.
En la demanda estos reclaman un pago de $800 millones a favor de la ASR y de $50 mil para cada demandante, y los gastos y honorarios de los abogados.
Moción para Suplementar Moción de Reconsideración – NotiCel_2247
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