Tal parece que la bola queda en la cancha del Gobierno para presentar una reclamación por las perdidosas tres emisiones de bono por $3,000 millones que hizo Retiro en el 2008, tras recomendación de la firma UBS, en aras de comenzar a compensar al Sistema.

Mientras el Senado aprobaba la controvertible medida para Reformar el Sistema de Retiro Central, en la Cámara de Representantes era radicada una Resolución Concurrente que buscar reprobar las acciones de Héctor Mayol, administrador de Retiro, y la Junta de Síndicos por solicitar la desestimación de una demanda civil presentada por dos jubilados entorno a la mencionada transacción.

La Resolución Concurrente 26, del representante Carlos Vargas Ferrer, también busca que el Departamento de Justicia, culmine la investigación que lleva a cabo la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor.

En días recientes el Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó la mecionada demanda entablada por dos pensionados que buscaban una compensación para Retiro, luego de que esta transacción haya sido fuertemente criticada por medios especializados en finanzas en Estados Unidos, y que le ha valido un proceso en la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pese a intentos del representante Charlie Hernández, portavoz de la Mayoría, de que se incluyeran unas enmiendas al P. de la C. 888, con la intención de buscar que Justicia lleve a cabo una evaluación y presente una reclamación, de ser necesario, los esfuerzos murieron en el inicio, pues el Senado puso de condicionamiento su eliminación para aprobar la medida en el día de hoy. Las enmienddas de Hernández también pretendían impedir a Retiro que se opusiera a cualquier demanda presente o futura sobre la transacción.

El licenciado Harold Vicente, uno de los abogados en la demanda civil a nivel estatal contra UBS y otros, entiende que las enmiendas de Hernández no son inconstitucionales, y que alegar eso ‘es un disparate’.

Vicente sostiene que si se ponen las enmiendas en un proyecto aparte, ‘yo tengo la expectativa que se haga lo que lo que es lo correcto para los pensionados de este país’.

A su juicio, si el Gobierno toma la iniciativa de presentar una reclamación, de alguna manera se lleva un mensaje a los miembros de la Junta de Síndicos de Retiro, de que tienen que actuar con ‘seriedad e integridad’ en sus funciones, porque de no hacerlo, habrá consecuencias.

El planteamiento viene porque un informe de Conway MacKenzie, concluyó que la transacción fue especulativa y riesgosa, y que los entes fiduciarios del propio sistema de pensiones y del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), fallaron en su responsabilidad al permitir que se hiciera.

Mientras tanto, hoy (jueves) Vicente radicó una moción de reconsideración entorno a la sentencia emitida el pasado marzo por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se da a lugar el pedido de desestimación de la demanda, presentada -entre otras entidades- por el propio Héctor Mayol, administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), al sostener que los demandantes carecen de legitimidad para presentar el recurso legal.

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